Me parece un excelente y necesario precedente por parte del Congreso pues como Usted sabe, en nuestro Estado, las responsabilidades administrativas de jueces y funcionarios del Poder Judicial las conoce, califica y sanciona el Supremo Tribunal de Justicia. La intervención del Congreso, al margen de la i m p u t a c i ó n que se hace al Ejecutivo sobre su intromisión en otro Poder, es indispensable tratándose de conocer de violaciones constitucionales de Derechos de las víctimas del delito, de tal naturaleza trascendente y grave, que en los hechos puso de manifiesto impreparación, insensibilidad y desprecio de los principios fundamentales de la administración de justicia, entre los que, se debe destacar no tan solo el cumplimiento de formalidades procesales sino la impartición de la misma. Esta función, principio y fin de la existencia social de dicho poder fue tan burdamente inobservado que por igual unanimidad de tres magistrados superiores fue revocada la precitada sentencia absolutoria de un asesino. Luego entonces, enjuiciar ante el poder representativo de la población como es el Congreso, conductas sobre el desempeño de funcionarios de otro poder, es una tarea sana y de equilibrio en toda democracia. Igual función cumple el Poder Judicial cuando conoce y resuelve de violaciones constitucionales que se originan en las conductas de los representantes populares a través de las leyes, reglamentos y demás actos de su competencia. Lástima que, en este país, se actualicen a conveniencia política de gobernantes en turno, estas magníficas herramientas. Saludos muy afectuosos Judith y por favor siéntase en absoluta libertad de comunicarse conmigo para cualquier tópico en que le pueda ser útil.
