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Testimonios de coahuilenses que han sufrido situaciones de este tipo señalan que lo que sigue a una detención por parte de la Policía Federal en algún libramiento o avenida, es una verdadera pesadilla, pues pierden su vehículo y son enviados a la PGR, donde quedan privados de su libertad por orden del Ministerio Público Federal y de ahí son consignados a un juez federal.
El asunto no termina ahí pues además enfrentan una querella por parte de la Secretaría de Hacienda por evasión fiscal; ahí es donde se da el golpe económico de mayor impacto, pues las multas que se imponen son tres veces el valor del vehículo además de otros cargos. Hay quienes han perdido su casa para poderle pagar al fisco.
El Secretario General de la Unión Campesina Democrática (UCD) a nivel nacional, Amando García Grimaldo, admite que los decomisos son un asunto de gravedad, ya que los propietarios detenidos, al no poder comprobar la estancia legal de los vehículos en el país, pasan a un proceso penal y administrativo.
Agrega que los decomisos han sido aislados entre socios de la UCD, organización que dice aglutinar al 35 por ciento de los propietarios de automóviles ilegales en México.
Sin embargo tan sólo durante los festejos de las Ferias de San Buenaventura, en julio de 2011, fueron decomisados por la Policía Federal 12 automóviles, de los cuales 6 traían engomados de ONAPPAFA, 4 de la UCD y 2 de organizaciones más pequeñas.
En estos casos, la consignación al Ministerio Público Federal procedió porque los conductores iban en estado de ebriedad, justifica. En este tipo de situaciones la organización no interviene por respeto a los reglamentos de la autoridad.
“Hay cosas que los socios no quieren escuchar y que son reales”, dice, “hay quienes creen que el engomado los libra de la acción de la autoridad, pero nuestras organizaciones no podemos proteger cuando hay infracción o delito, dejamos que la autoridad actúe”.
Se buscó información tanto en el Juzgado Federal como en la Policía Federal, pero no hubo respuesta pese al interés público en el tema.
La situación que enfrentan los propietarios de autos ilegales ha dado lugar a extorsiones por parte de agentes de policía y del Ministerio Público.
“En alguna ocasión se tocó este tema con uno de los comandantes de la PFP, nos dijo: ‘A mí tráiganme las pruebas’, y le dijimos que no era posible porque los agentes no te dan recibo”, señala el dirigente de la UCD.
Tanto UCD, ONAPPAFA y otras organizaciones señalan que reciben la colaboración de algunas corporaciones policiacas cuando los socios son regulares y traen sus engomados vigentes. Sin embargo coinciden en que la atención no procede cuando se cometen infracciones, desde no llevar licencia o conducir en estado de ebriedad.
“Eso de los decomisos sí es grave y los vehículos afiliados a cualquier organización, incluso de la CNC que tiene 86 diados emanados de su organización temen decomiso, ahorita del SAT, ni Policía Fiscal ni por la PGR están actuando de manera directa, todos los casos que tenemos han sido consignados por la Policía Federal”, afirma el dirigente nacional de la UCD.
Después de una detención, lo que sigue es la consignación al Ministerio Público Federal por contrabando de vehículos, éste a su vez encarcela en sus separos a los conductores de automóviles irregulares, si éstos tienen los medios pagan entre 5 y 20 mil pesos de fianza para continuar el proceso legal en libertad, pero aquí no concluye el asunto, explica García Grimaldo.
El expediente del propietario del auto es enviado a la Secretaría de Hacienda, que inicia un proceso administrativo y es aquí donde el automovilista queda atrapado por el severo impacto al bolsillo, pues la multa es tres veces mayor que el valor del vehículo, además de recargos y otras sanciones económicas, añade.
Mientras tanto, el MP Federal consigna a su vez al propietario al juez federal y ante su presencia el conductor asume la carga de aportación de pruebas para determinar si el propietario del auto introdujo por sí mismo la unidad al país o lo compró en territorio mexicano.
Un monclovense al que en diciembre le fue decomisado el auto agotó todo este proceso y pudo probar ante el juez –con la declaración de quien le vendió el auto- que él no introdujo la unidad al país y pudo así recuperar la fianza de 5 mil pesos que le impuso el MP Federal. El vehículo que le fue decomisado lo da por perdido.
“En el proceso el 95 por ciento de los vehículos se pierden porque no se acredita la legalidad, y si no se enfrenta un proceso como debe ser y no acredita que él no introdujo el vehículo al interior del país entonces querella Hacienda, y es ahí donde se complica el asunto, porque tengo el proceso legal y luego el administrativo con Hacienda, que se vuelve legal”, menciona García Grimaldo.
Las multas de Hacienda por evasión de impuestos son las más onerosas, la mínima es de 50 mil pesos y la máxima de la que tiene conocimiento la UCD se registró en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por 197 mil pesos.
“Ese fue un tema que se vio en la última mesa de trabajo en Querétaro con la Secretaria de Gobernación, Hacienda y Policía Federal, planteábamos el problema de los decomisos”, dice.
Se intentó obtener la información estadística a través de la Oficina de Atención a Medios de la Policía Federal, en la ciudad de México, pues a nivel local el Comandante de la corporación, señaló que se les tiene prohibido dar información a los medios de comunicación.
Por escrito fue enviada la solicitud de información al titular de dicha oficina, José Ramón Salinas, quien respondió que “la Policía Federal no hace operativos específicos o exclusivos para el aseguramiento de vehículos ilegales, estos son a solicitud y petición de las autoridades hacendarias”.
Añade en la contestación: “Es la Secretaría de Hacienda o Economía quienes podrían responder tus inquietudes, toda vez que un vehículo ilegal representa un delito de quebranto a la hacienda pública; de igual manera es la PGR quien se encarga de tipificar y perseguir este tipo de delitos, así como de consignarlos ante un juez”.
Lo anterior a pesar de que ya había trascendido la acción de la Policía Federal en el territorio nacional, en cuanto a detención de autos “chuecos” y su posterior consignación ante el juez. Cabe mencionar que esta corporación puede actuar no solo en carreteras federales, sino en zonas urbanas y, en lo general, en todo el territorio mexicano.
Los últimos casos que han trascendido públicamente en la Región Centro fue un auto decomisado en el tramo Monclova-Sabinas y el otro en el ejido 8 de Enero, en Frontera.
MÁS DE UN MILLÓN DE “CHUECOS”
En los últimos años, las organizaciones que empadronan vehículos que se encuentran de manera irregular en el país han insistido en llevar a cabo una mesa de trabajo con el presidente Felipe Calderón, sin embargo el funcionario de mayor rango ha sido un Subsecretario de Gobernación.
“Queríamos entrevistarnos con el Presidente de la República para de viva voz plantear el problema de vehículos americanos y la posible solución, que es el decreto de regularización, el Subsecretario de Gobernación nos expone hacer una primera mesa, en que se ve el mismo problema que hemos tenido en los dos últimos dos años y medio, acude gente de nivel directores, que no solucionan porque ellos se van a lo legal y realmente no hay sustento legal, la solución es a nivel político”, expresa García Grimaldo.
Sostiene que la solución debe darse a otros niveles porque este es un problema de tipo social, que afecta a las familias de la clase media baja, para quienes la adquisición de un auto procedente de Estados Unidos es la única alternativa de transporte particular.
“Este también es problema de las autoridades hacendarias, desde el momento de haber permitido el ingreso de autos a través de las fronteras”, indica el entrevistado luego de comentar que en el territorio nacional se estima, circula más de un millón de autos irregulares, en tanto que en Coahuila se tiene un aproximado de 70 mil.
“Este es un problema social que debe reconocer el Gobierno federal ante su responsabilidad de crear suficientes empleos y bien remunerados, el campo está olvidado, sirve sólo como botín político, la raza se va a Estados Unidos y empieza a mandar sus dólares a la familia, los emigrantes son la segunda fuente de divisas para México, y algún día se regresan y quieren importar su vehículo pero el costo es veces superior al de su unidad”, afirma.
“PROHIBITIVOS” COSTOS DE IMPORTACION
El 1 de enero del año 2009 iba a entrar en vigor las reglas del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica que permitiría la libre importación de vehículos, pagando un 10 por ciento de arancel y algunos cobros de aduana. Pero la sorpresa fue que los costos resultaron 330 por ciento mayores, fluctuando entre 20 y 40 mil pesos.
“Nos habían dado una probadita en un decreto que se dio el 19 de agosto del 2005 y concluyó en mayo del 2006, 5 mil o 5 mil 500 pesos, y se supone que el 1 de enero iba a ser menor, se supone que esto es para proteger a la industria automotriz nacional, pero quienes traemos autos ilegales ni siquiera volteamos a la agencia porque no está en nuestras posibilidades, además de que los autos ya están aquí, consumen llantas, gasolina, refacciones, de alguna manera contribuyen con la economía”, apunta García Grimaldo.
OPERATIVOS EN COAHUILA
En reciente declaración, el Secretario de Gobierno de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme anunció que como parte de la política de seguridad se pondrá en marcha en marzo un operativo contra autos sin placas de circulación, incluyendo a las afiliadas a organizaciones que empadronan vehículos irregulares.
Lo anterior frente a presiones de automovilistas obligados a ponerse al corriente con sus pagos por placas y derechos vehiculares, quienes critican que autos “chuecos” queden exentos de dichas obligaciones.
Riquelme expresó que en estos momentos los operativos no se ejecutan porque están vigentes los incentivos fiscales para autos nacionales, pero a partir de marzo se aplicará el operativo.
El Secretario General de UCD, Armando García Grimaldo, manifestó que este martes se estará reuniendo con el Secretario de Gobierno en una reunión pactada con anterioridad para exponerle directamente la situación que enfrentan los propietarios de autos que circulan de manera irregular.
