se sustraiga a la accin de la justicia y que el otorgamiento para la continuacin del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, tratndose de la restriccin de la libertad personal es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadsima garanta constitucional, los objetivos propios de la persecucin de los delitos y la continuacin del procedimiento penal; aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artculo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el juez de Distrito dictar las medidas que sean necesarias tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiera solicitado, de donde se desprende que los jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas tales como: Exigir fianza, establecer la obligacin de que el quejoso proporcione su domicilio a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas, fijarle la obligacin de presentarse al Juzgado los das que se determinen y hacerle saber que esta obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de la causa, debiendo de a llegar a los criterios que acrediten esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento a lo preceptuado por el artculo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensin sea procedente, sta se conceder en forma tal que no impida la continuacin del procedimiento en el asunto que haya motivado el