José Manuel Gómez Porchini/ México debe salir adelante      

Desde siempre se ha sabido que los empleados de gobierno gozan de grandes privilegios: préstamos a pensiones… bueno, así se llamaban antes, ahora son al ISSSTE; vacaciones pagadas de 20 días al año cuando menos; pensiones que sí aparecen en la Constitución, en el apartado B del artículo 123, pues las pensiones de los mortales, de los empleados de empresas privadas, no aparecen a nivel constitucional. Si acaso, en la Ley del Seguro Social o en contratos colectivos o en reglamentos de trabajo, pero no tienen origen en la Carta Magna.

Por todo ello, a los empleados de gobierno siempre se les ha considerado una casta aparte, una especie de iniciados que gozan de grandes privilegios.

Sin embargo, desde hace muchos años, algunos jefes han tenido por bandera demostrar que hacen mucho, que trabajan grandes jornadas y obvio, el empleado de menor rango es el que queda desprotegido.

El jefe se retira a las cuatro o a las seis, pero deja encargado de la oficina “por lo que pueda necesitarse” a un subjefe, que quiere demostrarle al jefe que también él sabe hacer las cosas bien y entonces, obliga a todos los empleados a quedarse hasta las ocho, nueve o diez de la noche, “por lo que pueda ofrecerse”. Claro, la paga es buena, las prestaciones también…

Y así ha sido tanto en el sector central como en las paraestatales y en los gobiernos estatales. Pero lo peor, el exceso en el abuso a los trabajadores lo encontramos en los empleados del Poder Judicial, ya local, ya federal. Es proverbial que en los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, se entra a las nueve de la mañana, pero no existe horario de salida… pueden ser las once, las doce, la una de la mañana del día siguiente y ahí están, firmes, pensando que así van a demostrar ser el mejor empleado. También, en quienes sin ser miembros del Poder Judicial atienden procedimientos seguidos en forma de juicios, pues ellos tratan de demostrar que son los que más trabajan.

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales son el mejor ejemplo de cómo no se debe obligar a los trabajadores. Vaya usted a casa cualquiera de las juntas, tal vez alguna se escape, no la conozco, y revise medidas de seguridad. No tienen. Busque salidas de emergencia. No tienen. Las que tienen, las tienen clausuradas. Busque usted servicios sanitarios. No existen, ni para los empleados ni para el público. Revise la densidad de personas permitidas y podrá darse cuenta que se exceden en el doscientos o más pues siempre parecen mercado.

Lo mejor, la cereza en el pastel, la encontramos ahora en las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Reynosa, en Tamaulipas. Están cerradas por el paro al que los empleados tuvieron que llegar. ¿Y cómo no, si les suspendieron los sueldos?

De hecho, los integrantes de la junta son los encargados de velar porque los salarios se paguen en tiempo, completos, sin descuentos contrarios a la ley y todo eso.

A los empleados de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Reynosa, simplemente los dejaron sin salario. Así de fácil. Obvio, no hay ni habrá responsable. Usted disculpe, fue error del de sistema. No hay problema, no volverá a suceder.

Cualquier disculpa que les brinden los funcionarios de la Secretaría del Trabajo con sede en Ciudad Victoria, será insuficiente para quienes tienen hijos menores que piden alimento. No hay excusa alguna válida frente a los depredadores de los salarios que son los bancos, cuando usted no paga a tiempo, “porque el de sistema no operó las pólizas”. No se vale.

Ahora, en este momento, está el paro de labores. Lo que sigue es que los corran a todos, que ofrezcan una disculpa o que les paguen y aquí no pasó nada. ¿Por cuál apuesta usted, mi querido lector?

Me gustaría conocer su opinión.

Vale la pena.

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Autor: Lic. Gomez Porchini (Visita mi Oficina)