Era de esperarse que los injustamente detenidos jóvenes estudiantes el uno de diciembre de dos mil doce, salieran libres por falta de pruebas. Se dice que la jueza de lo penal a cargo de los casos que aquí nos ocupan es estricta y así queremos a los juzgadores, estrictos en el Derecho y su aplicación y no estrictos en sus decisiones tomadas por dogma, por órdenes del ejecutivo, sus superiores o por prejuicios personales. Esas detenciones arbitrarias no tenían ningún asidero real y por ende jurídico. Ahora bien, no es, solo que no hubiera hechos y pruebas siquiera indiciarias por las que los jóvenes estudiantes están fuera de los reclusorios sino en buena medida por la unión perseverancia y todo el cúmulo de pruebas aportadas dentro de los procesos por los defensores y la propia autoridad del Distrito Federal a través de la Procuraduría General de Justicia, en las cuales no se pudo demostrar que los detenidos tuvieran participación intelectual, material o complicidad de cualquier genero sino todo lo contrario, que fueron ilegalmente detenidos, vejados, maltratados, violándoles todos sus derechos humanos así como sus garantías individuales. No solo fueron detenciones arbitrarias sino cobardes y con la saña brutal de verdaderos gorilas –con el perdón de los nobles brutos- .

Los padres de los detenidos, los activistas y la sociedad civil fueron importantes en sus actividades para que el gobierno tanto federal como del Distrito Federal, reconocieran que, los hechos delictivos no habían estado a cargo de los jóvenes detenidos y no tuvieron mas opción que dejar libres a los estudiantes. La democracia y la legalidad que tanto pregonan estaban bajo la mira de la sociedad nacional e internacional. Se nota que midieron las consecuencias de sostener lo insostenible y finalmente cedieron a sus negras intenciones.

La Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal hizo acertadamente su trabajo, investigó, documentó e hizo las recomendaciones conducentes para que se respetaran los derechos humanos de los detenidos. Esto con la imparcialidad que debe caracterizar a estas Comisiones.

Los medios de comunicación aun los alienados al oficialismo tuvieron que dar las noticias de las ilegales detenciones debido a que era evidente el atropello al Estado de Derecho, después de que habían dado por sentado que los estudiantes eran culpables de manera a priori. Tales son los casos de Milenio entre otros.

Las redes sociales e llenaron de videos, fotografías, testimonios y toda clase de pruebas que desmentían categóricamente al gobierno de Marcelo Ebrard, La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a Mondragón. El Estado Mexicano en su actual estadio es incapaz de sostener que existe un Estado de Derecho como tal, y solo ante el embate ciudadano tiene que ceñirse a la democracia y a ese Estado de Derecho impuesto por el pueblo mexicano consciente.

Ahora bien, si los detenidos no fueron los que realizaron los ilícitos que se les imaban, se colige haciendo una concatenación lógico-jurídica de los hechos y de todas las pruebas que sus detenciones devinieron en ilegales y, por tanto, hubo y hay abuso de poder por parte de los granaderos que flagrantemente hicieron las detenciones anti-jurídicas. En efecto, se puede apreciar de las irrefutables pruebas que se pueden apreciar por todos los medios que las fuerzas publicas fueron a detener con toda brutalidad a jóvenes indefensos y confundidos, ante el caos imperante. Jóvenes que no tuvieron  ninguna oportunidad ante los granaderos bien pertrechados, apoyados por fuerzas policiacas vestidas de civiles que en todos momentos cazaban literalmente a quienes se les ocurrió. Esto con la complacencia de los jefes policiacos, tanto del gobierno federal como el local que ciegos y sordos disfrutaban de la toma de gobierno de Peña Nieto.

 Ante estas circunstancias se debe investigar y castigar a los que con toda claridad de hechos y de pruebas irrefutables detuvieron a los manifestantes y aplicarles la Ley Penal para el Distrito Federal en estricto Derecho. Estos hechos arbitrarios no deben ni pueden quedar impunes. Hay no solo granaderos sino jefes policiacos que tienen responsabilidad en su actuación en los hechos del uno de diciembre de dos mil doce. Falta que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal haga las investigaciones conducentes, ejerza acción penal en contra de los responsables por el abuso de autoridad y que el órgano jurisdiccional les ime su culpabilidad por los mismo.

A la Comisión de Derechos Humanos le corresponde seguir investigando y emitir las recomendaciones que considere pertinentes hasta la total solución del presente caso en términos de sus atribuciones.

A los detenidos ilegalmente, a los padres y defensores de los detenidos hacer las denuncias procedentes ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por los delitos que hayan cometido las fuerzas policiacas uniformadas así como las no uniformadas y por consiguiente quienes ordenaron las detenciones arbitrarias o las consintieron, incluyendo al Ministerio Público de la Agencia  Cincuenta de la misma Procuraduría por haber actuado fuera del marco legal o por consigna.

A la sociedad civil consciente le corresponde seguir vigilante de una democracia endeble que las mismas autoridades encargadas de sostenerla quieren a toda costa derribarla para sus propios intereses particulares. Sin esta sociedad civil vigilante en todo momento la democracia incipiente moriría irremediablemente. Ha mostrado la sociedad civil su deseo y poder de hacer que los gobiernos tiránicos se plieguen a la Ley. Ahora bien no basta con haber dado este primer paso sino que es necesario que esa sociedad no se disgregue pensando que con esto, el gobierno en sus tres niveles actuará, de aquí en adelante con la legalidad debida, no,. Hace falta que se empuje aun mas fuerza hacia una democracia plena en donde realmente exista un estado de Derecho y ante una violación flagrante de los funcionarios públicos, no solo se corrija tal anomalía integrándole sus derechos a los ciudadanos sino que se castigue toda ilegalidad de los funcionarios públicos.

¿Qué es un gobierno arbitrario sino un enemigo del pueblo soberano que alienta las protestas, las acciones y en primer y ultimo caso la revolución?. 

Un gobierno que se dice democrático y que no persigue y castiga a los malos funcionarios  no es un verdaderamente democrático sino un gobierno encubridor, de amigos, de compadres y fuera de toda legalidad. Allí están las acciones, los rostros, las pruebas, el gobierno del Distrito Federal tiene los nombres y las atribuciones que le da el pueblo soberano para castigar a los funcionarios públicos que vulneraron el Estado de Derecho. Tiene la palabra.

Ayer como hoy, la consigna legal y legitima del pueblo mexicano sigue siendo: ¡Muera el mal gobierno!. 

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Autor: Victormiaz (Visita mi Oficina)