En el reciente periodo de sesiones del Congreso, el PRI y el PAN han vuelto a hacer el ridículo como los eternos parlanchines irresponsables que siempre han sido, acostumbrados a engañar y a embaucar con sus propuestas que siempre presentan como si de ellas dependiera el futuro de la patria, pero que, luego, ellos son los primeros en traicionar o echar al basurero. Es normal que cada iniciativa legislativa se presente con un tono de suma urgencia y, con ello, se pretenda legitimarla de antemano. Se dice, por ejemplo, de esta propuesta dependerá nuestro futuro como economía competitiva”; o bien, “si esto no se aprueba, el estancamiento nos espera”; o también, “de ello depende el futuro de México como país”.

Eso es normal, pero pasársela haciendo suertes de torero en lugar de legislar con responsabilidad es una farsa. En todo proceso legislativo no hay iniciativa de ley que no se apruebe por consenso; ese consenso debe preceder, en todos los casos, a la aprobación de la propuesta. En este caso, lo más desconcertante es el comportamiento de los priístas. Los panistas se han atenido a los proyectos reaccionarios que han presentado, como el de la reforma laboral. Los priístas un día presentan una propuesta en esa materia que es lo contrario de la propuesta panista y, otro día, reculan y presentan una propuesta tan reaccionaria como la del PAN.

Eso suele suceder también, pues todo mundo puede rectificar sus posturas. Pero en el caso del PRI no se trató, precisamente, de eso, sino de una marcha atrás vergonzosa que acabó indignando a los mismos grupos de poder del PRI. Ya se sabe todo el tejemaneje que hubo al respecto. Su propuesta de diciembre atendía a demandas de los mismos grupos priístas y a un deseo abierto de ganarse un consenso social que repudiaba la propuesta panista. Rojas y los líderes priístas que siguen a Peña Nieto fueron a consensar su propuesta con los abogados patronales y éstos les rehicieron su iniciativa. Apechugaron y presentaron otra que no hacía diferencia con la del PAN.

A final de cuentas, sobre todo por las protestas de inconformidad de los mismos sectores de masas (cada vez más reducidos) del PRI, los mismos promotores de esa estúpida iniciativa echaron marcha atrás y decidieron no discutirla ni aprobarla en el periodo que acaba de terminar. Típico de los priístas. No tienen ninguna seriedad. Los más disgustados con ese proceder, por supuesto, fueron los panistas. Y, en verdad, uno no acaba de entender en qué consiste la alianza histórica entre el PRI y el PAN si ninguno de ellos es capaz de la más mínima lealtad a sus enjuagues.

Otros dos casos que vale la pena analizar son los de la llamada reforma del Estado y la de seguridad nacional. Para esto, es necesario referirse a la influencia, que se ha dado por cierta, de Enrique Peña Nieto en la actual Cámara de Diados. Se dice que, mientras Manlio Fabio Beltrones domina en el Senado, Peña lo hace en la Cámara baja. Se trata de un simple rumor. No creo que el gobernador mexiquense sea ajeno a lo que se decide en la bancada priísta de los diados. La enorme representación del estado de México no es todo lo que tiene y es muy probable que una buena mayoría de los diados priístas le sigan. Pero no hay elementos para probar que él decidió algo sobre la malhadada reforma laboral.

En todo caso, la reforma del Estado fue sacada de una propuesta suya que presentó su mentor Chuayffet y la de seguridad nacional fue elaboración del ya antes procurador del Edomex, Alfonso Navarrete Prida. En éstas está claro que él intervino directamente y el que se hayan aplazado en su aprobación también resulta cierto que se debe a él. En la primera, hubo propuestas concretas de Peña Nieto que no fueron incluidas y él mismo lo ha señalado con cierto rencor. Le duele, por ejemplo, que no se haya aprobado en el dictamen el tema de la mayoría automática para el partido ganador de las elecciones, pero sin mayoría absoluta. Él se siente ya Presidente de la República y quiere gobernar con un Congreso en el cual él pueda decidir por sí.

Corre la versión de que a Peña la reforma del Estado que se aprobó en comisiones no le satisfizo y exigió que no fuera llevada al pleno. Los priístas, agachones como son frente a sus liderazgos, pararon el proceso. De ello se pueden sacar dos conclusiones concomitantes: Peña es tan reaccionario como cualquier panista y el PRI se ha vuelto tan derechista como lo es el PAN.

En los grupos parlamentarios de ambos partidos hay representantes directos de los grupos patronales de derecha; pero en el PAN no los hay tantos como en el PRI. Las televisoras tienen sus diados y senadores y casi no hay grupo patronal que no los tenga. Eso solo debería indicarnos lo que son y significan esos aparentes cambios de rumbo de ese partido y sus posiciones derechistas y retrógradas.

Nada hay como el trabajo legislativo para descubrir la verdadera naturaleza política de cualquier partido. En las propuestas que se hacen se ve el lado al que pertenecen y, también, a quién sirven. Eso se puede observar en lo que respecta a la iniciativa de seguridad nacional. Los gobernadores, lo mismo priístas y panis- tas que perredistas son los primeros interesados en el empleo de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado, porque, con sus endebles y muchas veces corruptos cuerpos de seguridad locales, se saben impotentes ante esa calamidad. Son los priístas, empero, los que más pujan porque en sus entidades actúe el Ejército, como en Nuevo León y Tamaulipas.

Navarrete Prida presentó su estúpida iniciativa como necesaria para darle legalidad a los actos de los militares, sin que ofreciera control alguno de las acciones que realizan. Con ello estaba obsequiando los deseos de los jefes de las fuerzas armadas que quieren respaldo legal para que sus hechos no puedan luego ser juzgados como violaciones abiertas a las leyes penales y a la Constitución. Los mismos priístas aclararon que no deseaban que los militares fueran juzgados por los tribunales civiles por los actos delictivos que pudieran cometer y que el llamado fuero militar continuaría vigente.

Al proponer que los soldados realicen detenciones sin orden de juez civil y, además, hagan interrogatorios y usen de los medios que juzguen necesarios para esclarecer los hechos, como si fueran autoridades judiciales, Navarrete Prida presenta su propuesta como “indispensable” para darles “armas” a los militares en su ilegal y anticonstitucional “coadyuvancia” en la “guerra” contra el crimen organizado. Sólo a un ignorante de las normas esenciales de nuestro orden constitucional se le podía ocurrir. ¿En qué estaba pensando? Pues en los intereses muy particulares de su señor al que, por lo visto, le encantaría que los soldados fueran, como para Calderón, su sostén más seguro “cuando él sea” Presidente de la República.

¡Qué diferencias puede haber entre el PRI y el PAN! Sí, es verdad, hay algunas, pero ninguna de fondo. Enrique Peña Nieto es el candidato de la oligarquía patronal, de Televisa, en primer lugar, y de todos los sectores que se identifican con esa empresa. El PAN siempre ha sido un partido patronal. El PRI lo es hoy de una mayor diversidad de grupos de poder y de dinero. Son lo mismo.