El accidente ocurrido en un pozo de carbón de la empresa Binsa en Sabinas, Coahuila, los cinco mineros muertos y los nueve atrapados en el socavón, y el joven de 15 años que resultó gravemente herido a consecuencia del hecho, han vuelto a poner de manifiesto la indolencia e inoperancia de las autoridades federales en materia de portección a los asalariados y cumplimiento de las leyes correspondientes. A las afirmaciones formuladas pocas horas después de la explosión por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, de que hay "nulas posibilidades”" de rescatar con vida a los trabajadores atrapados, se sumaron ayer los jaloneos entre esa dependencia y la Secretaría de Economía por la responsabilidad de las deplorables condiciones –"“prácticamente clandestinas”", a decir del propio Lozano– en que operaba el pozo minero.
Es inevitable vincular la explosión ocurrida anteayer en el municipio coahuilense con la que tuvo lugar hace un lustro en el yacimiento de Pasta de Conchos –que cobró la vida de 65 mineros, cuyos cuerpos siguen sin ser rescatados–, así como con los incendios registrados en junio de 2009 y en noviembre del año pasado, respectivamente, en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora –subrogada por el IMSS a particulares–, donde medio centenar de niños murieron quemados, y en un local de la empresa Coppel en Culiacán, Sinaloa, donde fallecieron seis empleadas que habían sido encerradas bajo llave mientras realizaban un inventario. El denominador común de esos episodios, además de una cadena de negligencias e incumplimientos a las normativas de seguridad por parte de particulares, es una persistente impunidad por efecto de la falta de voluntad política de las autoridades para sancionar a los responsables.
Tal circunstancia no sólo representa un doble agravio para las víctimas y sus familiares, por cuanto cancela la procuración e impartición de justicia, sino que abre un amplio margen para que ocurran nuevas tragedias, como la registrada en Sabinas. Ahora, para colmo de males, y al igual que lo sucedido en Pasta de Conchos hace un lustro, en vez de consagrarse a rescatar a los trabajadores enterrados, las autoridades renuncian de antemano a la perspectiva de sacarlos con vida –no otra cosa se desprende de la declaración del secretario del Trabajo– y se enfrascan en intercambios declarativos inútiles e impresentables.
Por lo que hace al supuesto compromiso de la Procuraduría General de la República de aplicar la ley "“con todo rigor”" contra los responsables por la explosión, tal afirmación colisiona con el desempeño de esa dependencia ante eventos de este tipo: en el caso de Pasta de Conchos fue más destacado el papel de la PGR en la persecución del líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, que en el esclarecimiento de los hechos y sanción de los responsables; en el de la guardería ABC, la dependencia incurrió en un desmanejo en la procuración de justicia de tal magnitud, que incluso su entonces titular, Eduardo Medina Mora, dijo días después de los hechos que "“nadie iría a la cárcel”". Con tales antecedentes, la intervención de la PGR no es un dato esperanzador con miras al cumplimiento de la ley; antes bien, y por desgracia, parece probable que contribuya a preservar la impunidad.
El episodio de Sabinas ha puesto en relieve, de nueva cuenta, condiciones laborales difícilmente distinguibles de la esclavitud, que ocurren en el marco de una lógica económica que preconiza la depredación de los recursos humanos y naturales. En lo inmediato, y más allá de la necesaria corrección de esta circunstancia –que implicaría un urgente viraje en el modelo económico vigente–, la obligación principal del gobierno es llevar a cabo las maniobras de rescate necesarias para sacar de la mina a los trabajadores. En un entorno social devastado por la preservación de una política económica que lleva a la miseria a grandes sectores de la población –empleados o no–, y por una estrategia de seguridad fallida y de resultados por demás cruentos, el gobierno federal ha agotado ya el margen de maniobra del que pudo haber dispuesto para actuar de otro modo. Si el sentido de responsabilidad y de respeto a la vida humana no es suficiente para que las autoridades se esfuercen en cumplir con esa responsabilidad, deben hacerlo por mero interés de supervivencia política.

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Autor: wofito2088 (Visita mi Oficina)