a Ley de Seguridad Nacional” de Felipe Calderón y los priístas, que intereses espurios insistieron torpemente en hacer aprobar en estos días (junto con una nueva contrarreforma político-electoral y la contrarreforma laboral), generando un enorme escándalo en el país, no puede ser moral o jurídicamente aprobada, pero tampoco políticamente, pues de hacerlo los legisladores convertirían a México en el ridículo del mundo occidental: un Estado policiaco-militar que se pretende moderno.

1. La aberración principal de la iniciativa de modificaciones constitucionales y legales en materia de seguridad que Felipe Calderón envió en 2010 al Congreso está en su pretensión fundamental: busca hacer viable y seudolegal el que las fuerzas armadas asuman en México funciones policiacas (lo que en los hechos ha acontecido en los últimos cuatro años en abierta violación al principio consignado en el artículo 21 constitucional), principio que no se ha establecido en la legislación de ningún país euro-occidental, salvo los casos de la Alemania nazi (1933-1945) y de la España franquista (1939-1976), que es en mucho el modelo del actual gobierno panista y de sus asesores del PP español.

2. La discusión sobre la minuta que envió el Senado a los diados y los cambios que un reducido grupo de diados priístas le hicieron es por consiguiente irrelevante pues toda la discusión debe hacerse sobre el tema de fondo, que es gravísimo: los militares y los marinos no pueden cumplir en un Estado moderno funciones de Ministerio Público ni de policías judiciales o ministeriales, ni mucho menos a nivel federal y local. Las modificaciones del diado priísta Alfonso Navarrete Prida, aclaradas en La Jornada del jueves 28, sólo la hacen más fascista al pretender que la ilegalidad se puede vigilar y compartir, y por ese hecho deja de serlo.

3. La ley por esto mismo no es susceptible de ser “mejorada” o “revisada” en las cámaras sino que debe ser desechada en su totalidad: porque constituye una aberración jurídica que hundiría más al país en la inseguridad al darle a las fuerzas castrenses seudolegalmente facultades policiales y de MP, tanto en la supuesta “guerra contra el narco” como en materia política o social. Constituiría un ejercicio inútil el debatir durante semanas cómo hacer pasar ante la ciudadanía la tesis de que es “legítimo” el que el Ejército o la Marina actúen en un marco que la comunidad internacional estima es ilegal y para cumplir tareas en las que se considera universalmente que su participación constituye una amenaza para los derechos humanos fundamentales.

4. Los militares no pueden cumplir funciones policiacas en los regímenes constitucionales modernos, ni siquiera como excepción, porque su preparación se supone es para defender a su nación de agresiones del exterior y no para investigar los delitos, tarea para la que no tienen la mínima preparación y los conocimientos requeridos y para la que se crean policías especializadas, a lo que se agrega la cuestión de su inercia impulsiva que en el México panista los ha llevado a cometer innumerables crímenes impunes.

5. La militarización del país instaurada por Calderón no ha permitido que las fuerzas armadas mexicanas desarrollen capacidades para realizar tarea alguna de investigación (las que llevan a cabo las agencias estadunidenses), pero sí ha conducido a que decenas de miles de militares y marinos se sumen a las filas del narcotráfico junto con su armamento, que integren ahora los grupos paramilitares organizados tanto por el gobierno federal como por los narcos, y que coadyuven con Washington para reorganizar en su favor el negocio. Y con la nueva ley se daría un impulso a este proceso que no ha hecho otra cosa que fortalecer a los cárteles como organizaciones armadas.

6. La Ley de Seguridad Nacional, con todas sus correcciones y manoseos, en la hipótesis improbable de que fuese aprobada, se convertiría en consecuencia en la mayor aberración jurídica en la historia constitucional de México, junto con la Constitución llamada de las Siete Leyes de 1836, que estableció en su segunda ley el llamado “Supremo Poder Conservador”, un cuarto poder por encima de los otros tres poderes, que podía decretar la nulidad de los actos de éstos, y que como es de suponerse fue de efímera duración. No ha dejado empero de recordarse en la historia constitucional de México como un ejemplo de las aberraciones a las que conduce el pensamiento fanático de la derecha mexicana, que entonces, como ahora, era un almácigo de militares, miembros de la jerarquía eclesiástica y ricos propietarios. A nadie extraña hoy por lo mismo que diversas organizaciones empresariales estén ciegamente pidiendo la aprobación de esta ley.

7. Las otras aberraciones de la “ley” derivan del uso discrecional que se pretende dar al Ejecutivo de las fuerzas armadas para luchar contra el narco, pero también contra el descontento social y político, autorizándolo a suspender a su capricho las garantías individuales y a quebrantar el federalismo al hacer entrar a su voluntad a las fuerzas armadas en la entidad federativa de su antojo, creando lo que se está denunciando todosa los días: un Estado policiaco-militar, y esto es absolutamente inadmisible.

8. El mantenimiento del “fuero militar” en México que se propone, en fin, a pesar de que ha sido cuestionado por múltiples agrupaciones internacionales, propiciaría que en el futuro inmediato marinos y militares actuaran sin temor alguno en materia de derechos humanos, sabiéndose de antemano impunes, por lo que no sería más que la cereza en el pastel del autoritarismo, y por eso es menester que se multipliquen las reflexiones.

9. En este momento de graves definiciones, cuya trascendencia no ha sido advertida por muchos sectores, aunque las decisiones a tomarse comprometan el destino de muchas generaciones, urge una movilización más vigorosa del pueblo mexicano. La situación crítica actual no ha sido creada por las circunstancias sino que la ha forzado el gobierno de la derecha, que no tiene otro argumento para seguirse apropiando de los recursos estratégicos de los mexicanos que el de hacer resurgir las primitivas doctrinas del fascismo y del franquismo, mal encubiertas por los sibilinos discursos de Felipe Calderón, el PAN y sus aliados priístas. Si México ha de prevalecer como una nación independiente y un espacio de libertades ha de ser por la lucha de todos.

10. Es imperioso que el pueblo de México tenga claridad de lo que representa una “guerra” de objetivos inconfesables y una legislación perversa que tiende a crear un Estado policiaco-militar, y no se frene para decirle a Felipe Calderón, al PAN y a sus aliados priístas que ellos son los verdaderos responsables de los crímenes y que: “¡Ya basta!”