Es evidente que el actual Estado, tal y como funciona con órganos que ejercen la soberanía sin ningún control por parte del pueblo, ya no responde a los intereses comunes sino a los intereses de los dueños del capital privado. Los principios de democracia, libertad, justicia, buena administración, leyes justas y todo lo que debe conllevar la sociedad humana occidental no se observa en la práctica que es lo que nos interesa por encima de teorías por muy buenas que estas sean.

México es una República democrática pero representativa, lo que significa que en lo formal existe la democracia pero que, en la práctica las decisiones solo las toman los legisladores sin ninguna responsabilidad respecto a las consecuencias nefastas que el pueblo tiene que afrontar con cada ley y cada privatización.

Si no existen controles mediante los cuales el pueblo pueda anular el ejercicio errado y evidente de los legisladores, entonces, la democracia es una simulación. El pueblo soberano nunca cede su potestad soberana a los órganos que ejercen su soberanía solo los facultan para ello. De aquí resulta falso que existan poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y que estos sean poderes soberanos sin ninguna obligación para con el verdadero soberano, el pueblo. Esta mala concepción ha servido para que los funcionarios públicos que encarnan los órganos hayan creído que son no solo los órganos sino ellos mismos soberanos.

Los abusos y atropellos que bajo esta concepción torcida se han dado en México exigen que se haga una reforma del Estado en donde se imponga la democracia (El poder del pueblo y para el pueblo), el Estado de Derecho en donde los funcionarios y políticos tengan que responder de sus actos y administración de los recursos públicos que reciben. El escándalo oprobioso y mayúsculo que a diario se constata por los hechos y actos de los funcionarios públicos y políticos rebasa con creces la necesidad de poner un coto a las actuaciones desmedidas y delincuenciales de todo servidor público.

¿Qué es necesario que pase para que se manifieste la ciudadanía en contra de los abusos imperdonables de los funcionarios públicos?, ninguna cosa. Sin embargo, el grado de poder ostentado de manera anómala por los funcionarios públicos y políticos ha maniatado a la ciudadanía lo que constituye un agravio más a su cuenta. Han permitido y han contribuido a que los monopolios de toda clase enajenen al pueblo con lo cual han dejado de hacer su trabajo.

No siendo posible que los funcionarios públicos y en especial los legisladores actúen independientemente de los deseos de los dueños del capital privado es menester que el pueblo ejerza su soberanía de manera directa cuando así lo amerite cada situación anómala. Para tal efecto, se deben constituir Consejos autónomos con ciudadanos de reconocida probidad y de buena fama pública para integrar estos Consejos a nivel Federal, estatal y municipal que velen por los intereses del pueblo. Para tal efecto se harán asesorar por profesionales en cada materia y sus decisiones serán inatacables por ser de interés nacional. Sus decisiones serán vinculatorios para los funcionarios públicos. Toda oposición por parte de los funcionarios traerá como consecuencia su destitución inmediata y nombrado su sustituto por el mismo Consejo.

Toda administración saliente en los tres órdenes de gobierno no podrá desvincularse de la misma hasta en tanto y cuanto no sea aprobada por los Consejos ciudadanos; de la misma manera los legisladores deberán rendir cuentas pormenorizadas de sus trabajos y recibir la aprobación o no de sus actuaciones. El Consejo de la Judicatura Federal así como los Tribunales de los Estados y del Distrito Federal deberán informar y rendir cuentas de las actuaciones de sus integrantes ante el Consejo ciudadano correspondiente. Los órganos e instituciones estarán sujetos a la vigilancia y sanciones correspondientes.

En toda toma de decisiones fundamentales para la vida de los mexicanos se deberán hacer consultas a través de los Consejos. Toda compra de voluntades a través de cualquier medio será inmediatamente investigada y perseguida hasta sus últimas consecuencias sin importar el puesto que ostente el activo. Por ningún motivo el fuero servirá como escudo para los delitos electorales y por el contrario será agravante en la constitución de los delitos.

El enriquecimiento indebido de los funcionarios públicos, de sus familiares o testaferros traerá como consecuencia la pérdida de lo obtenido indebidamente ya sea por participar activa o pasivamente en dichos delitos.

El pueblo nunca tendrá que justificar su actuación soberana ante ningún tribunal ni procederá recurso alguno contra sus decisiones.

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Autor: Victormiaz (Visita mi Oficina)