Un Estado democrático debe, evidentemente, cumplir entre otras cosas con un Estado de Derecho que funcione no en su totalidad absoluta pero si en su plenitud activa que abarque a todos los individuos de la sociedad civil sujetos de derechos y obligaciones, a todos los políticos en sus aspiraciones de toma de poder y, a todos los funcionarios públicos de todos los niveles, empezando por los que encarnan los tres órganos de gobierno en sus más altas jerarquías, así como a los que tienen la representación primaria de las instituciones hasta los niveles más bajos de todos estos órganos e instituciones.

Esta jerarquización de la aplicación de las normas que regulan el quehacer de la sociedad civil, de los políticos y de los funcionarios públicos, así como las derivaciones del actuar de estas tres campos, cuando cometen ilícitos debe empezar en las más altas esferas del poder y de allí derramarse hacia los dos ámbitos restantes. En caso de ser esto, de manera contraria se estará ante una versión torcida de la democracia, una simulación, dado que entonces se estará ante, el uso de lo público para intereses particulares de gobernantes, de partidos o de facciones.

En este contexto, quienes llegan al gobierno a través de la violación de las leyes de cualquier índole o del conjunto de varias áreas del derecho positivo estarán bajo la precariedad de los dos conceptos del poder: la legitimidad y la legalidad. Si se llega torciendo cualquiera de estos dos requisitos estarán menesterosos de uno o de ambos rubros. La legalidad es el camino, el procedimiento donde se observen los procedimientos y la aplicación de las normas sustantivas que señalen los ordenamientos aplicables al caso concreto; la legitimidad es, por otro lado, la convicción de la mayoría de los gobernados, que aun no habiendo votado por los ganadores, tengan la certeza de que son los que merecen la confianza plena para detentar y ejercer el poder público.

Todos los gobiernos que no logran estos dos requisitos se ven en la necesidad imperiosa de llevar a cabo actos, por todos los medios, que tiendan a legitimar o, a legalizar el poder conseguido. Ante la falta de gobernabilidad por la falta de alguno de estos rubros o de ambos, no importa cómo, se llevan a cabo tales actos bajo las apariencias de legalidad. Esto aunque tenga su sesgo político, se tratara de hacer pasar como un acto bajo la ley y dentro del marco del Estado de Derecho. De esta manera se han hecho detenciones, consignaciones ante la autoridad jurisdiccional que, ya sea por consigna, por estar de acuerdo con el órgano ejecutivo para ello o por estar bien integrada la averiguación o averiguaciones previas, dan como resultado la venganza, la represión política de los enemigos o la simple consecución de la legitimación del gobierno en turno. Precisamente, la legitimación es el elemento más difícil de conseguir debido a que depende de la multitud de ciudadanos que están disgregados por su diversidad de militancias, simpatías políticas o por mera lógica y razón que se niegan a otorgar su voluntad para ser gobernados. En cambio, la legalidad está encargada a instituciones y tribunales que sancionan la legalidad de los procesos electorales.

En México se ha procedido casi exclusivamente de manera fraudulenta para conseguir el poder desde que se logró la alternancia, ya había antecedentes de esta práctica, que se pensó caería en desuso pero que quienes tuvieron la responsabilidad de salvaguardar la legalidad y la legitimidad no tuvieron empacho en violentar, tanto la legalidad como la legitimidad. Por esto, el Estado mexicano (órganos, instituciones, políticos y sociedad civil) se han enfrascado en una lucha sorda, unos por que prevalezca el Estado de Derecho y los otros por seguir al margen de ese mismo Estado de Derecho. Esto no se da de manera rígida ya que en determinados momentos los partidos de los más disímbolos intereses se coa-ligan, ya de facto ya de derecho para alcanzar sus fines particulares. El más excéntrico de los actos que han realizado las diversas fuerza políticas es, el llamado Pacto por México, a mi entender es, solo una simulación sin sentido, no va al fondo de los problemas: la aplicación del Estado de Derecho a todos los sujetos de derechos y obligaciones, empezando por las cúpulas representativas del ejercicio del poder.

Claro, está la aplicación de la ley a la delincuencia organizada que sin embargo, es un derivado de la falta de aplicación del derecho positivo a los actos ilícitos en lo administrativo, electoral y penal. De esta manera, se a logrado aplicar las leyes coercitivas en contra del pueblo soberano y se ha evadido por todos los medios la aplicación a políticos, ricos, a quienes encarnan a los poderes facticos y en general a todos los servidores públicos. No estamos ante un Estado de Derecho sino un estado de Derecha que aplica las normas coercitivas de manera selectiva. Este es el gran dilema no solo del pueblo sino de todos los actores que inciden de manera directa o indirecta en lo público.

Ante la debilidad y dependencia fáctica del Estado para con el poder económico y los poderes facticos de toda clase se debe replantear la función del Estado para definir claramente, el ser y el deber ser del Estado ante la nueva realidad. Si no se logra siquiera la imposición de la racionalidad normativa que abarque a todos para un fin del conjunto se estar ante el espectáculo de lucha continua sin llegar a madurar siquiera el Estado en su estadio de postmodernidad.

Deben entender los políticos y todos los grandes actores políticos que el caos, el azar, la incertidumbre solo traen como consecuencia la debilidad del todo, aunque algunos tengan pingues ganancias. Un pueblo solo logra dominar su devenir o competir exitosamente con los demás pueblos cuando logra armonía en sus partes y se propone un fin único, dejando las accidentalidades surgir y perecer bajo la colectividad. En México hasta ahora, se ha tratado de imponer una visión particular sin tener un fin general. Ora se trata de perpetuarse como partido en el gobierno totalitario, ora se trata de imponer el reino de Dios en la Tierra, ora se trata de abolir el Estado burgués mientras el fin del conjunto se ha postergado una y otra vez. ¿Qué debe entenderse por visión nacional?.

La legitimidad que no se gana con la certeza suficiente y se quiere imponer a través de métodos poco acertados y conocidos por la mayoría pensante será fallida y ello tendrá como resultado, ante el fracaso, el discurso cínico para justificar ese mismo fracaso.

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Autor: Victormiaz (Visita mi Oficina)