De acuerdo a la cuantía, la sentencia no es recurrible a través del recurso de apelación; lo único que le queda es el amparo directo, en el que tendría que expresar conceptos de violación relativos tanto a las formalidades del procedimiento, como lo sería en todo caso un legal desechamiento de las pruebas, como a las cuestiones de fondo de la propia resolución.

En todo caso, de negársele el amparo, ganaría alrededor de cuatro o cinco meses antes de que pudiera iniciar el acreedor la ejecución de la sentencia.