MIentras el demandado tenga capacidad jurídica, legalmente es titular de derechos y obligaciones y por tanto puede comparacer a juicio, por propio derecho o mediante apoderado o representante legal por  él designado.

A menos que se le reconozca médicamente como incapáz y se encuentre en estado de interdicción declarado por resolución judicial, en cuyo caso deberá ser representado por quién legalmente esté facultado para ello.