Distinguido Consultante
USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS
La figura criminosa es de las llamadas por la doctrina como de naturaleza "acumulativamente formada", para la configuración del ilícito que define se requiere que el sujeto activo de este tipo penal debe ser un particular, persona que carezca del nombramiento respectivo que lo acredite legalmente como funcionario o empleado público;
la usurpación consiste precisamente en que sin tener los caracteres anotados se atribuya esa calidad y ejerza una función inherente al cargo con que se ostenta o dice tener; basta para la configuración del ilícito que tales actos los realice objetivamente aun cuando sea por una sola vez e independientemente de que cause o no perjuicio a terceros o con motivo de esa actividad obtenga o no lucro o beneficio alguno, para configurarse es exigencia sine qua non, del vínculo de sus elementos constitutivos, a saber:
Que alguien, sin ser funcionario público, (un particular) se atribuya ese carácter; y además, que ejerza alguna de las funciones de tal.
Ahora bien, si en la especie se acredita tan sólo que usted se ostentaba como jefe de sub estación, (calidad de la que carecía) por que en dicho orgranigrama aparece, usted en dicho cargo considero que no esta cometiendo el delito usurpación de funciones públicas, se tendría que concer mas del caso para saber si pudo incurir en otro ilcicito como ejercicio indebido del servicio público.
El artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las leyes de responsabilidades de los servidores públicos tienen por objeto salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos y comisiones de los empleados del gobierno; principios que están cargados de un alto valor moral, al que aspiran los empleados del gobierno y entes del Estado. Por su parte, el artículo 47, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (de igual redacción al diverso numeral 8o., fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos dispone como obligación a los empleados del gobierno cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; así, la circunstancia que el servicio encomendado, entendido como el cúmulo de obligaciones o atribuciones inherentes al cargo, no se encuentre detallado en forma de catálogo en alguna ley, reglamento, decreto, circular o norma de carácter general, es insuficiente para eximirlos de responsabilidad, pues resulta materialmente imposible emitir una norma general por cada rango, nivel o escalafón que exista en los tres poderes del gobierno. Por tanto, ante la inexistencia de una disposición normativa que especifique cuáles son las atribuciones de un servidor público, la autoridad administrativa y, en su caso, la jurisdiccional, deberá valorar los elementos de prueba allegados al asunto, para así concluir si determinada conducta o actuación se encuentra dentro de las facultades encomendadas al servidor público investigado o sancionado, fundando y motivando su determinación.
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