CONSULTANTE jjhe_NR,
Presente:
Reciba un cordial saludo de mi parte, y en relación a su pregunta jurídica, le comento lo siguiente:
Lo que su Servidor le sugiere que haga Usted Consultante en este caso, ES TOMAR UNA ACTITUD POSITIVA Y ACTIVA EN SU ASUNTO, y que tome Usted la iniciativa de acción y haga VALER SU DERECHO DE DEFENSA, QUE ADEMÁS SON SUS GARANTÍAS CONSITUCIONALES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 14, 16, 20 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ante el C. Agente del Ministerio Público de su Localidad, ante el cual en términos de lo dispuesto por la Ley Penal, está conociendo, tramitando y que, resolverá en su caso la Averiguación Previa correspondiente, practicando todas y cada una de las diligencias ministeriales pertinentes a fin de resolver conforme a derecho la misma, y en su caso, y además tiene la faculta de dictar en su contra, como indiciado o inculpado, las MEDIDAS PROVISIONALES Y/O PRECAUTORIAS QUE ESTIME PERTINENTES A FAVOR DEL DENUNCIANTE QUE ES LA MENOR SUPUESTA VÍCTIMA DEL DELITO, para que una vez acreditados los elementos del tipo y la probable responsabilidad de la persona que indica, EJERCITE ACCIÓN PENAL EN CONTRA DE USTED CONSULTANTE, SOLICITANDOLE EL CITADO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE COMENTO AL C. JUEZ PENAL COMPETENTE LA ORDEN DE APREHENSIÓN CORRESPONDIENTE EN SU CONTRA, CON LAS CONSECUENCIAS LEGALES INHERENTES PARA ESTOS CASOS, COMO LO ES UNA DE ELLAS LA CORRESPONDIENTE REPARACIÓN DEL DAÑO EN FAVOR DEL DENUNCIANTE SUPUESTA VÍCTIMA, Y QUE PROVIENE DEL DELITO Y COMO PARTE DE LA PENA PÚBLICA QUE EN SU CASO SE LE IMPONGA A USTED POR LA AUTORIDAD JUDICIAL PENAL, entiende, por lo que su situación en este caso a mi juicio es delicada y no lo debe de tomar a la ligera, y para ello le recomiendo en su CASO PRESENTARSE AMPARADO CONTRA LOS ACTOS DEL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INDAGADOR, ARGUMENTANDO PARA ELLO QUE LE GIRÓ INDEBIDAMENTE UNA ORDEN DE INCOMUNICACIÓN, ES DECIR, DE PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD PERSONAL FUERA DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL, PARA QUE DE ESA FORMA TENGA LA PLENA SEGURIDAD DE QUE EL DELITO NO ES FLAGRANTE, O QUE SE LE PUEDA LLEGAR A TIPIFICAR UNA FLAGRANCIA EQUIPARADA, Y ASÍ CON TODA SEGURIDAD RENDIR POR ESCRITO SU DECLARACIÓN MINISTERIAL, APORTANDO CON TODA OPORTUNIDAD A LA CITADA AVERIGUACIÓN PREVIA TODAS LAS PRUEBAS TENDIENTES A ACREDITAR PLENAMENTE SU INOCENCIA EN LA SUPUESTA COMISIÓN DE LOS DELITOS QUE FALSAMENTE LE IMPUNTAN, PARA QUE ASÍ EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL CONOCIMIENTO TENGA LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DICTAR A SU FAVOR UN ACUERDO MINISTERIAL DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, entiende; sirviendo de apoyo para lo anteriormente expuesto y fundado en la siguiente Jurisprudencia Firme, mismas que son del tenor literal siguiente:
[J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 2; Pág. 912; Registro: 160 621 Numero de Tesis: 1a./J. 143/2011 (9a.)
“ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS. Conforme a los artículos 134 y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el ejercicio de la acción penal el Ministerio Público debe acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, lo cual significa que debe justificar por qué en la causa en cuestión se advierte la probable existencia del conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho delictivo. Así, el análisis del cuerpo del delito sólo tiene un carácter presuntivo. El proceso no tendría sentido si se considerara que la acreditación del cuerpo del delito indica que, en definitiva, se ha cometido un ilícito. Por tanto, durante el proceso -fase preparatoria para el dictado de la sentencia- el juez cuenta con la facultad de revocar esa acreditación prima facie, esto es, el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, y el Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal, deben argumentar sólidamente por qué, prima facie, se acredita la comisión de determinado delito, analizando si se acredita la tipicidad a partir de la reunión de sus elementos objetivos y normativos. Por su parte, el estudio relativo a la acreditación del delito comprende un estándar probatorio mucho más estricto, pues tal acreditación -que sólo puede darse en sentencia definitiva- implica la corroboración de que en los hechos existió una conducta (acción u omisión) típica, antijurídica y culpable. El principio de presunción de inocencia implica que el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, únicamente puede señalar la presencia de condiciones suficientes para, en su caso, iniciar un proceso, pero no confirmar la actualización de un delito. La verdad que pretende alcanzarse sólo puede ser producto de un proceso donde la vigencia de la garantía de defensa adecuada permite refutar las pruebas aportadas por ambas partes. En efecto, antes del dictado de la sentencia el inculpado debe considerarse inocente, por tanto, la emisión del auto de término constitucional, en lo que se refiere a la acreditación del cuerpo del delito, es el acto que justifica que el Estado inicie un proceso contra una persona aun considerada inocente, y el propio acto tiene el objeto de dar seguridad jurídica al inculpado, a fin de que conozca que el proceso iniciado en su contra tiene una motivación concreta, lo cual sólo se logra a través de los indicios que obran en el momento, sin que tengan el carácter de prueba.”
Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.
Amparo directo 16/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.
Amparo directo 33/2008. 4 de noviembre de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.
Amparo directo 8/2010. 30 de junio de 2010. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.
Amparo directo 7/2010. 30 de junio de 2010. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.
Tesis de jurisprudencia. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de cuatro de noviembre de dos mil once.
Porlo que le aconsejo jurídicamente que a la brevedad posible Usted Consultante se asesore legalmente de un abogado que sea experto en MATERIA PENAL, para que lo nombre como SU DEFENFOR EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE SE SIGUE EN SU CONTRA, Y APORTE TODOS LOS ELEMENTOS DE PRUEBA CONDUCENTES A FIN DE ACREDITARLE AL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL CONOCIMIENTO SU INOCENCIA EN LA SUPESTA COMISIÓN DE ESTE DELITO, QUE INDEBIDAMENTE LE IMA LA PERSONA QUE NOS INDICA, entiende; de esta forma tendrá asegurado el éxito de su asunto, y si es el caso de que usted no cuenta con recursos económicos para pagar los honorarios de los servicios profesionales de un abogado particular, PUEDE USTED RECURRIR A LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROFESIONALES Y GRATUITOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE SU LOCALIDAD, esperando que esta información le sea de utilidad en su caso, y que en breve lo resuelva favorablemente.
Sin otro particular por el momento, quedo de Usted como su más atento y seguro Servidor, para cualquier aclaración o información adicional.
ATENTAMENTE
LIC. JORGE ARIEL MORALES FRANCO
Oficina: (0155) 3182-2696
Celular:55-3462-7069
WEB: m o r a l e s a r a g o n y c i a . c o m (minúsculas y todo junto)
E-MAIL: m a y c i a . j o r g e m a r r o b a g m a i l . c o m (minúsculas y todo junto)
