Estado de Referencia: Guanajuato
Escribo esto, para pronunciar mi opinión ante toda esa avasallante campaña deslenable, infundada e ignorante secuencia de desprestigio del poder judicial de México.
Me refiero, particularmente a la desinformada opinión de televisa y a algunos sectores interesados de la Secretaría de Gobernación.
Todo comenzó cuando unas personas se dieron cuenta que había un reo que había sido acusado de un delito que no cometió.
Hasta ahí todo correcto.
Pero sucede que se apersonaron a las audiencias del Juicio.
En todo Juicio, de la materia que se trate, las audiencias son públicas, con las limitaciones que la ley señala.
Pero “publicas” significa que todo mundo tiene derecho de asistir a ellas. Y hasta ahí.
La Ley, en todo tipo de procedimientos, nunca señala que los asistentes pueden intervenir en ellas, y menos si no son partes en el Juicio.
Por tal razón, los asistentes terceros no pueden opinar, ni tomar fotos, videos, y ni siquiera notas taquigráficas.
El Juez de los Autos dispone de la más amplia facultad para retirar del lugar de la audiencia a ese tipo de personas que incurran en ese tipo de actos.
Un Juicio, pues, no es un lugar público (como una plaza de mercado). Sólo lo es la audiencia de derecho, con las limitaciones que señala la Ley.
Establecido lo cual, resulta claro que ninguna persona o institución puede filmar una audiencia de derecho, y menos si ésta persigue fines de lucro.
El juez de la causa penal, de la Ciudad de México, al permitir tal circunstancia, con notoria violación de la Ley, incurrió en un delito y en una falta a la Ley de Responsabilidades.
Para los que no saben de derecho pero quieren tener una idéa al respecto, simplemente baste con comentarles que en ninguna parte del mundo la Ley permite semejante filmación. Recuerden los juicios penales famosos que aparecen en las noticias, en los que sólo se muestran dibujos de lo acontecido en las cortes.
Una excepción muy particular al respecto, sucedió con el juicio penal por homicidio del jugador de fut bol O. J. Simpson. El mejor corredor de todos los tiempos de los acereros de Pittsburg.
Pero tal fue un acuerdo entre la corte, los abogados defensores y los fiscales. Y con muchas limitaciones. Tanto que sólo se hizo publico en directo, la declaración del jugador de inocente o culpable, y la sentencia final.
A pesar del acuerdo previo, la corte de California nunca permitió que se filmara o se tomaran notas del Juicio en sí mismo. Lo que es totalmente correcto, en todas partes del mundo.
Dicho lo anterior, es de estricto derecho, que una audiencia acaecida en ningún tipo de juicio, y menos penal, es un lugar público.
Un lugar público es el zócalo de la Ciudad de México, la entrada del metro o el jardín de la Unión en Guanajuato, pero nunca un recinto de un Juzgado.
Al peticionario del Amparo le asiste la razón y el derecho. Con toda corrección jurídica la Juez de Distrito concedió la suspensión provisional, y en consecuencia debe conceder la suspensión definitiva. Al igual que el Amparo y Protección de la Justicia Federal.
Se interpondrá el Recurso de Revisión, y el Tribunal Colegiado deberá confirmar la sentencia del Juez de Distrito.
En este problema hay muchas falsedades, engaños e intereses económicos. Todos ocasionados por los productores y distribuidores de la película.
Sugiero al peticionario del amparo que aparte de éste, demande a dichos productores y comercializadores en juicio civil por el pago de los daños y perjuicios equivalente a un monto igual por el dinero por ellos obtenido. Ya que, al no haber recabado su autorización para transmitir su imagen y concepto, obtuvieron un lucro indebido. Que, insisto, no se obtuvo en un lugar público, sino en una audiencia de derecho.
Adicionalmente, también sugiero a la misma persona que presente su denuncia penal en contra del juez local de la Ciudad de México por haber permitido la filmación de una audiencia de derecho, en contubernio con los productores de la película. Y como servidores públicos de la Secretaría de Gobernación permitieron que se difundiera a nivel nacional el producto de un delito, son copartícipes del mismo. Por lo que dicha denuncia es competencia del Agente del Ministerio Público Federal.
Luego de todo, en el fondo subyace una cuestión elemental: el dinero.
Los productores y comercializadores de la película intentaron ahorrarse el pago del dinero que legítimamente les correspondía a los que en ella aparecen.
Han obtenido sendas ganancias, casi sin ningún costo.
Por eso ahora están convenciendo a todo mundo, especialmente a televisa, que se está violando en su perjuicio la libertad de expresión.
Eso es sólo un escudo para salvar el dinero que ya han ganado.
También se ha hablado de Censura Oficial del Poder Judicial de la Federación.
Porque según dice televisa, se trata de ocultar un problema esencial de la administración de justicia penal en nuestro país.
Nada más falso e irracional que lo anterior.
Ni el poder judicial de la Ciudad de México, con todas sus carencias e iniquidades, y mucho menos el Poder Judicial de la Federación, pretenden semejante desacierto.
Todos los que nos dedicamos al derecho, desde hace más de treinta años estamos conscientes de ese problema. Sabemos y estamos muy conscientes que muchas personas son acusadas falsamente. No en un solo caso como plantean los productores de la película.
Sino según las estadísticas oficiales, que desde luego ignoran los productores de la película, hay algo así, como unas 900 personas que se encuentran en esa infortunada situación.
Y que a pesar de todo, y en la medida de la posible se han rectificado. Actor fundamental de ello ha sido el Poder Judicial de la Federación.
Baste recordar el caso de Akteal, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó poner en libertad a muchos acusados falsamente del multi homicidio.
Más recientemente, el caso de las indígenas de Querétaro. En que la Suprema Corte sentenció que habían sido sentenciadas sin cometer el delito del que se les acusaba.
Sucede que muchos mexicanos no tenemos memoria.
En términos reales, el ser acusado por un delito que no se cometió, es una cuestión insignificante en el derecho penal mexicano, pues como se ha mencionado, no llega a mil casos en una década.
En muchos otros paises de Europa esa cifra se multiplica por mil.
Por lo que la película engaña a los mexicanos y expone un problema mínimo, en comparación de otros problemas del sistema de justicia mexicano que es mucho mayor, como la impunidad.
Sólo que como la impunidad es cosa de todos los días en los medios masivos de comunicación, pues ya no es noticia, y por lo tanto no vende películas.
Los productores y comercializadores de la película se escudan en la libertad de expresión para proteger sus ganancias. Es una lástima que algunos “servidores públicos” de la Secretaría de Gobernación se hagan sus cómplices.
Siempre he escrito aquí, y no tengo ánimo ni intención para más. Si alguién tiene manera de ponerlo en otro lugar, como en la página de televisa, o en la de la Suprema Corte, o en otro lugar. Les estaré muy agradecido, pues la verdad jurídica debe ser, también escuchada.
Los profesionales del derecho no debemos permitir nunca, que ignorantes seudo comunicadores como el Señor Loret de Mola, o dueños de intereses económicos desleneables, enloden tantos años de esfuerzo constitucional.
La Juez de Distrito Lobo está en lo correcto, pues cumple con su deber de proteger las Garantías Individuales de los gobernados.
En la cuestión estrictamente técnica, deseo preguntarle a Su Señoría: ¿Porqué no fijó una garantía para conceder la suspensión en el incidente?.
