Hace más de 20 años, en 1993, contraté un crédito hipotecario en pesos, a 10 años, con una institución bancaria.

Al año siguiente, con la crisis de diciembre de 1994, unilateralmente nos empujaron a restructurar en UDIs a 20 años.

Por si fuera poco, solo unos meses después volvieron a presionarnos para restructurar de nuevo a 30 años de plazo.

En el año de 2010 me despidieron de mi empleo y pude seguir pagando hasta el año de 2011.

Fui a negociar con el banco y el personal jamás quizo acceder a hacerlo, ninguna oficina se declaró competente para ello.

Para el año 2012 abrieron el proceso especial hipotecario pero nunca pudieron notificarme porque salí a hacer todo tipo de trabajos eventuales en diversas poblaciones.

A inicios del año 2014 regresé y encontré mi casa ocupada por desconocidos. Los denuncié ante el Ministerio Público y demandé la acción reivindicatoria.

De ese modo me enteré que un despacho muy conocido habia pactado con el banco la transmisión de derechos litigiosos, y se había atrevido a dar la posesión de mi casa a algún incauto deslumbrado por un precio irrisorio.

Dicho incauto no estaba preparado para saber defenderse por lo cual el despacho fraudulento le pidió de regreso toda la documentación que habían celebrado con el pretexto de que la necesitaba para defenderlo de mi demanda reivindicatoria, cuando en realidad lo que hacía era desaparecer las evidencias de su fraude.

Al mismo tiempo dicho despacho regresó apresuradamente a atender el proceso especial hipotecario que habían abandonado en mi contra, para actualizarlo con la transmisión de derechos litigiosos y hacer el cambio de nombre de la parte actora.

El juez que conocía el expediente del proceso especial hipotecario admitió la promoción del despacho jurídico, y al mismo tiempo lo declaró como asunto caducado por falta de interés al haber sido abandonado el proceso por casi un año.

Llegó el año de 2015 y sentenciaron a los intrusos a desalojar mi casa, lo que ocurrió irremediablemente.

Ahora el despacho jurídico fraudulento optó por trasmitir sus derechos litigiosos a otra razón social, probablemente creyendo que así se limpian y desmanchan de las responsabilidades por los actos anteriormente cometidos, sin embargo los nombres de los representantes parecen ser los mismos.

Finalmente el supuesto nuevo acreedor ha abierto un proceso de jurisdicción voluntaria para intentar notificarme de la nueva situación jurídica de mi deuda, con cifras estratosféricas a su conveniencia, mucho mayores al valor del bien en garantía. Por supuesto no han logrado notificarme y si tengo la información de su demanda es por mis propios medios de investigación.

Con todos estos lúgubres antecedentes y una ley orientada a favorecer la usura de las instituciones financieras y un ambiente de despachos de cobranza fraudulentos deseosos de sorprender a los más ignorantes, la pregunta es:

¿Existirá alguna organización de jurisconsultos con voluntad profesional para acercar este tipo de asuntos hacia la justicia de tal modo que el deudor pueda pagar lo que es justo al acreedor, a través de criterios jurídicos bien planteados que impidan que se prolonguen estas historias de terrorismo hipotecario? No creo que la solución sea pagar los respetables honorarios de unos buenos abogados año tras año mientras prolongan un asunto, sino pagar por la definición de estrategias bien fundadas en la ley que conduzcan irremediablemente hacia una solución justa.