Previo al reconocimiento público que a través de esta participación de su servidor hago, respecto de los conocimientos, argumentación jurídica y señalada experiencia que el Licenciado Jorge Ariel Morales Franco ha demostrado en la promoción de los concursos civiles que de acuerdo a sus afirmaciones, ha promovido en toda la república por miles, es preciso señalar diversos antecedentes que dieron lugar a confrontaciones entre ambos, debates de los cuales, es menester precisar algunos de los señalamientos que en forma expresa hizo en sus diversos intervenciones; exposiciones que a efecto que cualquier interesado desee corroborar, citaré el número de la consulta en que los hizo, y la respuesta de su parte en que se contienen; lo anterior, a fin de que no exista ninguna interpretación indebida, ni tampoco se saque de contexto lo que aquí expondrá el suscrito, aclarando que, también dentro de los antecedentes, es preciso citar información proporcionada por Rosen, relativa a Juzgados y números de expedientes judiciales relativos a los antedichos procedimientos de concurso civil que nos ocupan.

Igualmente, es preciso tomar como referencia algunos antecedentes profesionales que el propio Licenciado Morales Franco ha señalado en el foro, tanto en diversas intervenciones que ha tenido como orientador de los consultantes, como en debates que se han propiciado con motivo de temas diversos, antecedentes que son del dominio público, y que concretamente se refieren al cargo de Juez que también asevera ha desempeñado.

Como primer antecedente, es preciso señalar la consulta folio 215875, en la que un consultante, bajo el seudónimo de “Rostov”, hizo el siguiente planteamiento:

“Ayer se presento un actuario no mostró su identificación con una licenciada a notificarme que dicha Lic. Me le endoso famsa un pagare que firme x 24,000. De un préstamo y me preguntaron que si yo tenia dinero en ese momento para darles yles cine que no pero que yo no me niego a pagar. Y me dijeron que quebienes contaba y les comente que electrodomésticos como refrigerador y estufa. Querian entrar y les dije que no hasta que me mostraran un documento judicial para poder entrar y contesto la licenciada que dicho papel que traían del juzgado ese era. Suficient . No firme nada ni me dejaron ningun papel. Y me dijeron que entonces van hacer uso de la fuerza publica.tengo comprobantes de pago que realice a esa cuenta de famsa estos me pueden servir. La Lic. Se mostraba muy burlona y yo muy segura. No se que hacer. Por favor les pido una asesoría que hacer en este caso.”.

La respuesta dada al consultante por el Licenciado Jorge Ariel Morales Franco fue la que usualmente da a este tipo de problemas por los cuales, los deudores frecuentemente acuden solicitando orientación y asistencia jurídica, respuesta que fue contradicha por su servidor, lo que dio pauta para el inicio de las discusiones que se dieron en el transcurso, y en las que, en la respuesta folio 334583, y al cuestionamiento que hizo el suscrito respecto a que, según su apreciación, los textos legales que hacen referencia a la obligación del deudor de poner a disposición de sus acreedores los bienes no exceptuados de embargo que conforman su patrimonio (intervención mía a la que correspondió el folio de respuesta 334575, textualmente el Licenciado Morales dijo: “… HE LLEGADO A LA CONCLUSIÓN A TRAVÉS DE LA PRÁCTIVA (sic) PROFESIOAL (sic) DESDE EL AÑO DEL 2006, EN QUE EMPECÉ A DEFENDER DEUDORES, PRINCIPALMENTE DE LA BANCA, QUE EXISTE UNA REDACCIÓN ERRÓNEA EN ESA DISPOSICIÓN LEGAL…”.

Lo anterior, conduce evidentemente a establecer que el legislador se equivocó al redactar los artículos 738 y 739, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles en el Distrito Federal (y obviamente, sus correlativos en las demás Entidades de la República, por lo que el error a que hace referencia, se produjo en todas las legislaturas de los Estados.

Para mejor comprensión, es pertinente transcribir los citados numerales 738 y 739, fracción IV, de la Ley Sustantiva del Distrito Federal:

“Artículo 738.- El concurso del deudor no comerciante puede ser voluntario o necesario. Es voluntario cuando el deudor se desprende de sus bienes para pagar a sus acreedores, presentándose por escrito acompañando un estado de su activo y pasivo con expresión del nombre y domicilio de sus deudores y acreedores, así como una explicación de las causas que hayan motivado su presentación en concurso. Sin estos requisitos no se admitirá la solicitud. No se incluirán en el activo los bienes que no puedan embargarse.
Es necesario cuando dos o más acreedores de plazo cumplido han demandado o ejecutado ante uno mismo o diversos jueces a sus deudores, y no haya bienes bastantes para que cada uno secuestre lo suficiente para cubrir su crédito y costos”.

“Artículo 739.- Declarado el concurso, el juez resolverá:
… IV. Decretar el embargo y aseguramiento de los bienes, libros, correspondencia y documentos del deudor, diligencias que deberán practicarse en el día, sellando las puertas de los almacenes y despachos del deudor, y muebles susceptibles de embargo que se hallen en el domicilio del mismo deudor;”

Esa redacción errónea, consiste en que el legislador quiso decir, no que el deudor se desprende de todos sus bienes para pagar a sus acreedores, y como consecuencia de ello, una vez declarado el concurso el juez los declara legal y formalmente embargados y asegurados, para que en el momento procesal oportuno, se ponga a la venta para que con su producto se integre el fondo del que los acreedores recibirán el pago de sus deudas, en los términos de los convenios que se hayan celebrado y de acuerdo al orden y prelación que a cada uno corresponda, excluidos por obviedad, los acreedores hipotecarios y pignoraticios, sino que ese embargo, solamente tiene el alcance de poner al síndico en posesión de los bienes, lo que se infiere de lo que también expuso en esa ocasión al afirmar “… EL SENTIDO JUDICIAL DE QUE PONER A DISPOSICIÓNM (sic) ESOS BIENES, EN TÉRMINOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN EL CUAL SE PREVÉ EL PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO CIVIL VOLUNTARIO, CONSISTE EN QUE EL JUEZ EMBARGUE DICHOS BIENES DEL DEUDOR, PARA PONERLOS A DISPOSCIÓN (sic) DEL SÍNDICO QUE ES EL ADMIISTRADOR (sic) DE LOS BIENES DEL CONCURSADO, PORQUE AL DECLARARSE EN EL AUTO ADMISORIO DEL CONCURSO, EL JUEZ DECLARA QUE EL PETICONARIO (sic) O PROMOVENTES ESTA EN ESTADO DE CONCURSO, Y POR LEY INCAPACITADO JURÍDICAMENTE PARA ADMINISTRAR SUS BIENES…”

Fue entonces que caí en cuenta que, conjuntamente con los legisladores, los estudiosos del derecho todo, incluidos los autores de los textos legales y mis propios maestros, se equivocaron al impartir sus conocimientos y enseñanzas, pues los embargos no son para que, ante el incumplimiento en el pago del deudor a que es constreñido en una sentencia, previo el procedimiento respectivo, solamente sirve para que otra persona distinta al demandado (llámese síndico, depositario judicial, etcétera) , tenga la posesión de los bienes señalados como garantía, pero no para que, como ocurre en todos los procedimientos en que se llevan a poner a la venta de dichos bienes.

Por tanto, MI PRIMER RECONOCIMIENTO PÚBLICO AL LICENCIADO JORGE ARIEL MORALES FRANCO, es que en todos los procedimientos judiciales en que se embargan y secuestran bienes, son ilegales, ilegalidad que deriva precisamente del error en que incurrieron los legisladores al redactar los ordenamientos legales, lo que trae como consecuencia entonces que la privación de esos bienes sufridos por los demandados, incluidos los concursados, con motivo del remate y adjudicación que se hubiere hecho, son violatorios de sus garantías constitucionales y derechos humanos, pues se tales resoluciones son resultado de leyes que no resultan ser exactamente aplicables al caso concreto.

Sin embargo, me persiguen aún muchas dudas que, espero en un futuro no muy lejano, el Licenciado Morales Franco llegue a aclarar, pues no entiendo entonces por qué, si el embargo y secuestro de bienes, derivado de la declaración del concurso, tal medida precautoria solamente tiene el alcance de poner al síndico en posesión de los mismos, cómo podrá alcanzarse la determinación del juez en la sentencia, dudas que generan el hecho que renglones más adelante, el ilustre profesionista afirma: “… EL C. JUEZ EMITIRÁ UNA SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA EN LA CUAL DECLARARÁ JUDICIALMENTE A QUIÉN SE LE VA A PAGAR PRIMERO, A QUIÉN DESPUÉS Y A QUIÉN AL ÚLTIMO…”.

Y mis titubeos residen en el hecho que si una persona promueve un concurso civil voluntario, porque supuestamente sus bienes y derechos (activo) sin inferiores a sus deudas (pasivo), lógicamente no cuenta con los medios económicos para solventar las obligaciones que contrajo y, como consecuencia, si el embargo de sus bienes solamente tuvo por objeto que dejara de tener la administración de los mismos, pero no para que se vendan en pública almoneda o se entreguen en dación de pago a los acreedores, de dónde saldrá el dinero para que el juzgador diga a quien se le va a pagar primero, a quien después y a quién al último; precisamente, porque salvo esos bienes, no hay con qué efectuar esos pagos, y como no se van a vender, no se va a obtener producto alguno para cumplir la sentencia del Juez.

Continuando con los antecedentes del caso, en la consulta a que se ha venido haciendo referencia y en un acto voluntario de franqueza, que desconozco su lo hizo en confianza o no, confesó que la realidad de los hechos es que de los juicios de concurso civil voluntario que ha promovido, SOLAMENTE EN UNO HA OBTENIDO SENTENCIA, ya que en su respuesta folio 334584, así me lo hizo saber, al manifestarme, textualmente, “y le soy sincero en todos los asuntos que he llevado hasta el mimento (sic), SOLO EN UNO HE LLEGADO A UNA SENTENCIA DEFINTIVA (sic)..”.

Del cualquier forma, aunque no le encuentro explicación al porqué, si ha promovido miles de juicios de concurso civil en toda la República mexicana desde el año 2006 (es decir, en 8 años de impulsar ese tipo de procedimientos), porqué solo en uno de ellos el juez ha dictado sentencia; y lo que más me inquiera, es precisamente el sentido de la sentencia que dice el Licenciado Jorge Morales Franco ha obtenido, lo que será patente para todos los que tengan interés en estas manifestaciones, al leer el sentido de la resolución judicial que dirimió en juicio de concurso voluntario, que es conveniente señalar, se resolvió en definitiva por un Tribunal Colegiado, pero no es conveniente ahora anticiparnos al momento en que deba tocarse el tema.

Obviamente, como resultado de las afirmaciones del Licenciado Jorge Ariel Morales Franco respecto a que ha promovido miles de concursos civiles en todo territorio nacional, me di a la tarea de verificar, al menos en las pocas Entidades de la República en que ejerzo la profesión, de solicitar la información relativa a los juicios de esa naturaleza que se han ventilado durante los últimos diez años, es decir, no desde el año 2006, sino un poco antes, esto es, desde el 2003.

Así las cosas, en respuesta a mis peticiones y en acatamiento a la Ley de Acceso a la Información Pública que rigen en los Estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y san Luis Potosí (repito, que es en estos Estados en donde regularmente postulo), fui informado por los Tribunales Superiores de Justicia respectivos, que durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 (al mes de noviembre, en este último año), NO SE HA PROMOVIDO NINGÚN JUICIO DE CONCURSO CIVIL VOLUNTARIO.

Asimismo, a través de la página del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, intentando obtener la información relativa a los juicios de concurso civil promovidos en la capital de la República, obtuve una copia digitalizada del Compendio Estadístico 2004-2008, información que si bien es cierto, no abarca la totalidad del período de tiempo que el Licenciado Jorge Ariel Morales Franco afirma ha promovido los concursos civiles, si por lo menos comprende los 3 primeros años de su práctica profesional en ese tipo de procedimientos, como resultan ser los años 2006, 2007 y 2008.

Consultado y analizado exhaustivamente el referido Compendio Estadístico 2004.2008, me encontré son la sorpresa que, en ese trienio, tampoco en el Distrito Federal se promovió ningún juicio de concurso civil; situación que debo decir me preocupó, pues era de esperarse que existieran los antecedentes estadísticos de, al menos, algunos cientos de los concursos civiles que por miles ha dicho el Licenciado Morales Franco ha promovido desde el año 2006, peri ni en esta anualidad ni en las dos subsecuentes, se promovió concurso civil alguno.

Obviamente pensé, como era lógico que lo hiciera, que seguramente en los informes rendidos por los Tribunales Superiores de Justicia de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y san Luis Potosí, así como en los datos contenidos en el Compendio Estadístico 2004-2008 emitido por el Poder Judicial del Distrito Federal, contenían datos erróneos, del mismo tamaño que la equivocación de los legisladores de los Poderes Legislativos de todos los Estados de la República y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la redacción de la Ley que, amablemente, me hizo notar el Licenciado Morales Franco, error de redacción al que ya he hecho referencia.

Afortunadamente, en la consulta folio 217256, que la consultante lilianaluna223 realizó (y que también ha dado lugar a una segunda confrontación entre el Licenciado Jorge Ariel Morales Franco y su servidor, en la que en mi última intervención anuncié el reconocimiento público que aquí hago a tan ilustre abogado), gentilmente el compañero Rosen, a quien le envío a través de estas líneas un cordial y amigable saludo, ya que no tengo motivo de queja personal en su contra, tuvo la amabilidad de proporcionar información que el propio Licenciado Morales Franco había sido reticente en proporcional, no obstante sus reiteradas promesas de hacerlo (por cierto, incumplidas a la fecha), y de esa forma llegué al conocimiento de los siguientes procedimientos, permitiéndome hacer una transcripción literal de los señalados por Rosen:

“En el buscador de Google, escriban Ustedes lo siguiente:
juicio concurso civil voluntario buholegal
y van a encontrar lo que están buscando.
Expedientes:
1476/2009
381/2012
581/2010
1976/2009
2990/1990
1486/2009
Etc etc etc
Promovidos ante los Juzgados 19 Civil del DF, Juzgado 53 Civil del DF, Juzgado 63 Civil del DF, Juzgado 19 Civil del DF, Juzgado Tercero Mercantil en el Estado de Jalisco, etc etc etc respectivamente.

De la anterior información, se desprenden varios extremos.

a.- El que es preciso citar en primer término, que de esos juicios de concurso civil, al menos uno no fue promovido por el Licenciado Jorge Ariel Morales Franco; afirmación que se infiere, en primer término de lo que el propio abogado ha hecho público: que él empezó a promover los juicios de concurso civil a partir del año 2006; por tanto, el expediente 2990/1990 que se tramita ante el Juzgado Tercero de lo Mercantil del Estado de Jalisco, por no corresponder a al período de tiempo que él mismo señala y, además, porque en 1990, no había concluido su tránsito por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que obtuvo su cédula profesional hasta el año de 1993; además, a pesar de haber transcurrido ya la friolera de 23 años, aún ni siquiera el síndico ha aceptado el cargo (lo que puede verificarse en la página de Búho Legal);

b.- Que en el expediente 1476/2009, del índice del Juzgado 19 Civil del Distrito Federal, después de ventilarse durante más de 3 años, no ha concluido el concurso civil, por lo que no existe ninguna sentencia favorable al promovente del juicio;

c.- Que en el expediente 581/2010 del Juzgado 63 Civil del Distrito Federal, de acuerdo a la página de Búho Legal, se encuentra en ejecución de sentencia; sin embargo, no existen antecedentes respecto del trámite del juicio, ni tampoco consta que el Licenciado Jorge Ariel Morales Franco sea el abogado del promovente;

d.- En el expediente 1976/2009, después de más de 3 años, no existe sentencia alguna;

e.- En el expediente 1486/2009 del Juzgado 26 Civil del Distrito Federal, corresponde a un juicio iniciado como especial mercantil, que posteriormente, por auto del 18 de febrero de 2011, se continuó como concurso civil voluntario, sin que a la fecha se haya dictado sentencia alguna, después de más de 3 años de trámite.

f.- Finalmente, e intencionalmente lo cito el último término, encontramos el expediente 381/2012 del Jugado 53 Civil del Distrito Federal, que es el único en el que existe una resolución ejecutoriada.

En dicho concurso civil voluntario, el juez del conocimiento, por auto del 15 de marzo de 2012, previno al promovente para que dentro del término de 5 días exhibiera los originales de las facturas de los bienes muebles que dijo constituían su activo, apercibiéndolo que, en caso de no hacerlo, se desecharía de plano la demanda; tal prevención, la promovente pretendió darle cumplimiento mediante escrito en el que expuso que bajo protesta de decir verdad, esencialmente manifestó que los bienes enlistados que conformaban el activo, presumiéndose la propiedad de los mismos, toda vez que se encontraba en posesión de ellos, a dicha promoción recayó acuerdo de fecha 11 de abril de 2012, en la que el juez desechó de plano la demanda, resolución en contra de la cual, se interpuso recurso de queja, del que conoció la Octava Sala Civil del tribunal Superior de Justicia, la que con fecha 17 de mayo de 2012 dictó sentencia de segunda instancia confirmando el desechamiento; en tal virtud, la promovente, inconforme con la resolución, promovió el Amparo Directo 632/2012, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, juicio de garantías que se resolvió el 17 de octubre de 2012, negando el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa, resolución que, para mayor claridad, me permito transcribir textualmente en su versión pública:

¡ AMPARO DIRECTO: DC-632/2012
QUEJOSO:
**********
MAGISTRADO RELATOR:
LIC. JAIME AURELIO SERRET ÁLVAREZ.
SECRETARIO:
LIC. CÉSAR AUGUSTO FIGUEROA SOTO.
********************************
México, Distrito Federal. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente al día once de
octubre de dos mil doce.
V I S T O , para resolver el juicio de amparo directo número DC-632/2012, promovido por *************************** por su propio
derecho, por violación a las garantías previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la Octava Sala y Juez Quincuagésimo Tercero, ambas en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la primera en su carácter de ordenadora y la segunda como ejecutora, consistente en la resolución que puso fin al juicio de diecisiete de mayo de dos mil doce, dictada en el toca ******************************relativo al DC-632/2012 juicio Concurso Civil Voluntario, seguido por la hoy quejosa, en los términos siguientes:

R E S U L T A N D O:

PRIMERO.- Por escrito presentado el doce de marzo de dos mil doce, en la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,
*************************** por su propio derecho, promovió Concurso Civil Voluntario, al tenor de las siguientes manifestaciones:
“En términos de lo previsto por lo artículo 738 del Código de Procedimientos Chives y 2964, 2965 del Código Civil; ambos para el Distrito Federal vengo a
manifestar por escrito que voluntariamente vengo a someterme a la jurisdicción de este H. Juzgado Civil, a efecto de hacer frente a mis acreedores, manifestando que es mi voluntad desprenderme de mis bienes para dar cumplimiento a mis obligaciones, mismas que actualmente se encuentran suspendidas por falta de pago y al efecto comparezco acompañando al presente un estado de activos y pasivos como anexo 1, e igualmente desde este momento expongo bajo protesta de decir verdad que las causas que me han motivado para la presentación del presente concurso, se resumen en los siguientes hechos: “PRIMERO.- Soy jubilada del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado ISSSTE, sujeta a los ingresos derivados de mi pensión, siendo que por fallecimiento de mi pareja en un accidente que me significó múltiples y diversos gastos imprevistos se han incrementado mis adeudos paulatinamente por razones inflacionarias sin que mis ingresos se vean incrementados en la misma proporción; lo cual aunado a que los intereses que me son cobrados por mis acreedores ha rebasado mi capacidad de pago, por lo que en este momento mis adeudos superan por
mucho mis ingresos y hacen imposible el pago de las fuertes cantidades que me son reclamadas por mis acreedores, situación que crea mi actual estado de
insolvencia en que involuntariamente he incurrido, lo que motiva la presente solicitud.

“SEGUNDO.- Derivado de lo anteriormente expuesto, me he visto imposibilitada para satisfacer todas y cada una de las obligaciones contraídas con mis
acreedores en los términos en que me son reclamados, aunado al crédito alimentario que debo a mi hijo ********** quien actualmente se encuentra estudiando ante el instituto politécnico Nacional, no obstante que se trata de un mayor de edad.

“Ahora bien, del Anexo 1, es decir del estado de activos y pasivos que se acompaña, usted C. Juez podrá advertir claramente que, en primer lugar mis pasivos superan a mis activos; en segundo lugar, los pagos de mis deudas actualmente se encuentran suspendidos y en tercer lugar al existir diversos acreedores, la suscrita se encuentra imposibilitada para continuar pagando mis adeudos, ya que no me es posible establecer el orden legal en que debo pagar, por lo tanto desde este momento y con el propósito de no incurrir en fraude en perjuicio de acreedores solicito que, en el momento procesal oportuno, se lleve a cabo la junta de acreedores, dado que sólo la autoridad jurisdiccional en dicha junta podrá establecer el orden y prelación de los
mismos.

“Por los hechos y circunstancias antes expuestas es que solicito de este H. Juzgado se sirva dictar el auto admisorio en los términos previstos por el artículo 729 del Código Procesal Civil, a efecto de que:

“1.- Se declare a la suscrita *************************** en concurso civil voluntario;

“2.- Se haga saber a los acreedores quienes tienen su domicilio dentro de la jurisdicción de este H. Juzgado, de la formación del presente concurso, mismo que deberá publicarse por única vez en dos periódicos que su señoría se sirva determinar, solicitando desde este momento que dicho edicto contenga únicamente un extracto del auto declaratorio del concurso, dada la naturaleza del presente juicio.

“3.- Igualmente y toda vez que los acreedores de la suscrita tienen un domicilio plenamente identificado, solicito se sirva hacer saber de la formación del concurso por medio de cédula por correo (fracción II del artículo 739 del Código de Procedimientos Civiles), teniéndose como tales a los siguientes:

“A).- **********

“B).- **********, quien tiene su domicilio en **********.

“4.- Nombrar Síndico Provisional, haciendo del conocimiento de este H. Juzgado que el C. Licenciado **********, de acuerdo con la última publicación de
síndicos autorizados por este H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ello sin perjuicio de lo que este H. Juzgado se sirva determinar al respecto de tal nombramiento.

“5.- Decrete el embargo y aseguramiento de los bienes de mi propiedad y que se enlistan en el estado de activos y pasivos que se acompaña como Anexo 1 y que se encuentran en posesión de la suscrita en el domicilio ubicado en **********.

“6.- Desde este momento manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no cuento con deudor alguno, por lo que no se actualiza el supuesto establecido en la fracción V del artículo 729 del Código de Procedimientos Civiles.

“7.- Se sirva señalar el término que considere pertinente para los acreedores de la suscrita presenten ante este Juzgado los títulos justificativos de sus créditos, con copia para el síndico en términos del artículo 739 fracción VI del Código de Procedimientos Civiles, e igualmente apercibirlos que para el caso de no hacerlo en dicho término, sus créditos no serán admitidos a la masa sin que proceda la rectificación de los mismos, tal y como lo establece el artículo 751 del ordenamiento legal citado.

“8.- Reservar el señalamiento para la junta de rectificación y graduación de créditos, hasta en tanto se encuentren debidamente notificados todos los acreedores y el síndico provisional acepte y proteste el cargo conferido.

“9.- Bajo protesta de decir verdad, en este momento manifiesto a este H. Juzgado que no he sido notificada ni emplazada judicialmente por mis acreedores
por lo que a efecto de dar cumplimiento a la fracción VIII del artículo 739 del Código de Procedimientos Civiles solicito se sirva girar atento oficio a la Oficialía de Partes Común del Distrito Federal a efecto de que se sirva informar de la existencia de demandas incoadas en mi contra, para que en caso de existir alguna demanda en mi contra sea ordenada su acumulación al presente juicio concursal.

“Por otra parte y atentos a que he recibo infinidad de llamadas a todas horas por parte de los despachos de cobranza de algunos de mis acreedores, es que vengo a solicitar de este H. Juzgado se sirva requerir a mis acreedores, para que por sí o por conducto de sus agencias o despachos de cobranza, se abstengan de molestar y amenazar a mi persona, familiares y referencias, tanto por escrito como por vía telefónica, toda vez que si bien es cierto mantengo adeudos con ellos, este hecho no los faculta para llamar indiscriminadamente a deshoras y menos aún a propalar insultos y amenazas a la suscrita y familiares o referencias con cárcel, embargo, “arraigos”, cateos y demás acciones que, en su caso, únicamente las pudiera ordenar y ejecutar la autoridad competente, pero nunca los propios acreedores, todo lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su primer párrafo reza:

“”Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.””.

“Así como lo establecido por el artículo 17 de Nuestra Carta Magna, que establece:

“”Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí mismas, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.””:

“Máxime que los acreedores citados no son autoridad competente para ello, apercibiéndolos que de continuar con tal comportamiento; serán acreedores a
cualesquiera de las medidas de apremio a que se refiere el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

“Finamente y bajo protesta de decir verdad, manifiesto que, pongo a disposición de este H. Juzgado los bienes susceptibles de embargo de mi propiedad, a
efecto de que los mismos o sus productos sean entregados a mis acreedores en el orden y prelación que el momento procesal oportuno sea decretado, bienes que se encuentran enlistados en el estado de activos y pasivos que se acompaña a la presente.

“No omito señalar a su señoría que, una vez declarado el concurso que aquí se solicita, tengo la firme intención de aportar mediante los correspondientes billetes de depósito; las cantidades que me sea posible consignar, a efecto de que sean entregadas a mis acreedores en el orden de prelación que sea dispuesto en el presente asunto.

“DERECHO.

“Al presente asunto le son aplicables los artículos 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 y demás aplicables del Código Civil para el Distrito Federal así como los artículos 738, 739 y demás aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, e igualmente le resulta aplicable el criterio emitido por este H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal como se aprecia de la resolución de fecha 12 de octubre del presente año; dictada por la H. Primera Sala Civil en los autos del toca número 588/2009/01 que en copia simple se acompaña a la presente demanda:”.

SEGUNDO.- **********, juez Interina del Juzgado Quincuagésimo Tercero de lo Civil del Distrito Federal, dictó acuerdo de quince de marzo de dos mil
doce, en los siguientes términos:

“México, Distrito Federal, a quince de marzo de dos mil doce.
“Con el escrito de cuenta, anexos y copias simples que se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número **********; que es el que le corresponde.
“Guárdense en el seguro del juzgado los documentos exhibidos por la actora.
“Visto el escrito inicial y los documentos exhibidos, con fundamento en los artículos 257 en relación con el 255, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles, se previene a la promovente para que dentro del término de cinco días, exhiba las facturas de los bienes muebles que describe en el punto número seis del estado de activos que exhibe con su escrito inicial de demanda.
“Asimismo deberá exhibir copia simple del escrito con el que desahoguen dicha prevención, así como de los documentos que al efecto acompañen, apercibidos que en caso de no hacerlo, se desechará la demanda y se le devolverán los documentos presentados con excepción del escrito inicial de demanda con el que se formó este expediente.”.

TERCERO.- Asimismo, el Juez Quincuagésimo Tercero de lo Civil del Distrito Federal, dicto diverso acuerdo de once de abril de dos mil doce, de la siguiente
manera:

“México, Distrito Federal, a once de abril de dos mil doce.
“Agréguese a sus autos del expediente **********, el escrito de cuenta de la promovente, a quien se le tiene por presentada en tiempo desahogando
la prevención a que se refiere el proveído dictado el quince de marzo del año en curso, misma que se acuerda en los siguientes términos:
“Con fundamento en el artículo 257, del Código de Procedimientos Civiles, se desecha la demanda planteada por la promovente, en virtud de que no exhibe de las facturas de los bienes muebles que le fueron solicitadas en diverso proveído de fecha quince marzo de dos mil doce, mismas que son indispensables para admitir a trámite el procedimiento que se pide, atendiendo a lo que dispone el artículo 95; fracción II, de la legislación
en cita.”.

CUARTO.- En contra de dicho acuerdo, ***************************, interpuso recurso de queja que fue tramitado ante la Octava Sala Civil del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien con fecha diecisiete de mayo de dos mil doce, dictó sentencia de acuerdo con los siguientes puntos
resolutivos:

“PRIMERO.- Se determina que es improcedente el recurso de queja planteado por *************************** en contra del proveído de once de abril de dos mil doce, dictada por el Juez Quincuagésimo Tercero de lo Civil de esta ciudad, dentro de los autos del juicio Concurso Civil Voluntario
promovido por ***************************, expediente número **********.
“SEGUNDO.- No se hace especial condena en costas.”.
“TERCERO.- Notifíquese, con testimonio de esta resolución, hágase del conocimiento de la misma al juzgado de origen para los efectos legales procedentes y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.
“A S I, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 párrafo segundo, 41 y 43 penúltimo párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por unanimidad de votos de los integrantes de la Octava Sala Civil de este Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, lo resolvieron y firman los Ciudadanos Magistrados **********, siendo ponente el tercero de los nombrados, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe. DOY FE.- Rúbricas.”.

QUINTO.- Inconforme con dicha sentencia ***************************, promovió juicio de amparo directo mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil doce, ante la Oficialía de Partes Común para las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y habiendo correspondido su conocimiento a este Segundo Tribunal Colegiado, mediante acuerdo de presidencia de cinco de septiembre del año en curso, se admitió la demanda de garantías, se dio vista al Ministerio Público Federal adscrita; quien se abstuvo de intervenir y en diverso proveído de once del mismo mes y año, el asunto se turnó al Magistrado relator para la formulación del proyecto de sentencia correspondiente.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO.- Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, es legalmente competente para conocer y resolver el presente amparo directo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso a), y, V inciso c), de la Constitución General de
la República; 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 17/2012, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de
Circuito y de los Juzgados del Distrito, por reclamarse una resolución que puso fin al juicio pronunciada en un juicio de Concurso Civil Voluntario, por un órgano jurisdiccional residente en este circuito.

SEGUNDO.- La existencia del acto reclamado se acreditada con el informe justificado de la autoridad responsable y con los autos originales de ambas
instancias que la propia autoridad remitió.

TERCERO.- La demanda de amparo fue promovida por parte legítima y presentada en tiempo, toda vez que la resolución reclamada se notificó por
Boletín Judicial el dieciocho de mayo de dos mil doce; notificación que surtió efectos el veintiuno del mismo mes y año. En esa virtud, el término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintidós de mayo al once de junio del presente año, descontándose los días veintiséis, y veintisiete de mayo, así como dos, tres, nueve y diez de junio por ser días inhábiles, lo anterior, de conformidad con los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Luego, como la demanda de amparo se presentó el ocho de junio referido, su promoción resulta oportuna.

CUARTO.- La resolución reclamada se apoyó en las siguientes consideraciones:

“II.- En su motivo de queja la parte actora aseveró que la inadmisión de la demanda planteada, por no haberse aportado al procedimiento los elementos de
procedencia necesarios para dar trámite a la solicitud planteada, fue errónea. Esto, pues según su dicho, manifestó bajo protesta de decir verdad que los bienes listados son de su propiedad y se ubican en su domicilio, lo cual le permite invocar la presunción de que son suyos y puede disponer libremente de los mismos, como se encuentra dispuesto en la ley.

“Ahora bien, una vez analizadas las constancias del testimonio de apelación que gozan de valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 403, con relación con el numeral 327 fracción VIII, ambos del Código de Procedimientos Civiles, se concluye que la aseveración previamente plasmada es infundada.
“Lo anterior es así pues si bien es cierto en términos del artículo 798 del Código Civil para el Distrito Federal, la posesión da al que la tiene la presunción de
propietario, no menos cierto es que la invocación de esa presunción no puede tener por efecto tener por desahogada debidamente la prevención decretada a través de fecha quince de marzo del dos mil doce, el cual obra en la foja dieciséis del testimonio, como correctamente decretó el Juez natural.
“Esto, pues debe tenerse presente que en el referido proveído de quince de marzo del dos mil doce, se requirió a la promovente para que exhibiera las
facturas de los bienes muebles descritos en el punto número seis del estado de activos exhibido (el cual, atendiendo al numeral 738 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, forma parte del escrito de demanda), de ahí que dicha parte estaba compelida a presentar los documentos que le fueron solicitados o bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, fracción II, del Código Adjetivo Civil, igualmente podía desahogar la prevención en cita expresando no tener a su disposición las facturas requeridas y acreditando la solicitud de las mismas con la copia simple sellada por el
lugar en el cual se encuentren para que se le expidiera una certificación de ellos, o inclusive, podía manifestar bajo protesta de decir verdad, la causa por la cual no podía presentar los documentos referidos.

“Así pues, dado que la accionante no efectuó manifestación alguna en relación a los documentos solicitados en el escrito presentado la Oficialía de Partes
del Juzgado de origen el nueve de abril del dos mil doce (el cual obra en las fojas diecisiete a dieciocho del testimonio), sino que se limitó a invocar la presunción legal previamente referida, ha de decretarse correcta la actuación del Juzgador al no tener por cumplida la prevención decretada.

“Ahora bien, en otro orden de ideas se establece que la parte actora también manifestó en su motivo de queja que deviene incorrecta la inadmisión de la
demanda pues se incorporaron apreciaciones sin fundamento en norma legal alguna aplicable al caso, ya que el procedimiento concursal voluntario no demanda mayores requisitos que los aportados, como se desprende del texto del artículo 738 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
“Así pues, concluyó la quejosa que al haber cumplido su solicitud de concurso civil voluntario con todos los requisitos marcados por la legislación, debió admitirse a trámite, y no prejuzgarse la procedencia del concurso en contra de la sana e imparcial impartición de justicia, máxime que en términos del artículo 744 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, son los acreedores quienes pueden examinar los papeles y documentos del concursado, antes de la rectificación de sus créditos.

“Afirmaciones que devienen inoperantes “Lo anterior es así pues el objeto de estudio de esta resolución es el auto de fecha once de abril del dos
mil doce, en el cual no se planteó solicitud alguna, sino que únicamente se analizó si la parte promovente cumplió o no con la prevención decretada en el proveído de fecha quince de marzo del dos mil doce.

“Así pues, dado que no fue en el auto recurrido en el cual se requirió a la promovente para que exhibiera en juicio las facturas de los bienes muebles descritos en el estado de activos, sino que dicha determinación obra en el proveído de fecha quince de marzo de dos mil doce, esta Alzada está imposibilitada para analizar si fue correcta o no la solicitud de un requisito no previsto de manera expresa en el artículo 738 del Código Procesal Civil, pues
eso implicaría ir más allá del objeto de la presente queja, además de que en ese caso se violentaría el principio de firmeza de las resoluciones judiciales, ya que existiría la posibilidad de revocar una resolución que tiene el carácter de firme (pues como se desprende del testimonio, el referido auto no fue impugnado), lo cual acarrearía incertidumbre jurídica.

“Así es, atendiendo a la naturaleza del presente recurso y al principio de firmeza de las resoluciones judiciales, no ha lugar a emitir determinación alguna en
relación a la procedencia ó no del requerimiento de las facturas hecho a la parte actora.

“Sirve de sustento a lo anterior el criterio comprendido en la tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe:

“ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO.- Debe rearse como consentido el acto que4no ¡e impugné
por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz””.- (Se transcriben precedentes).

“Asimismo, sirve de sustento a lo anterior el criterio siguiente:

““ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL.- Para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiera que ese acto existe, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber• deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad.””.- (Se transcriben precedentes).

“Así pues, ante lo infundado e inoperante de los motivos de queja del actor, lo procedente es declarar improcedente el presente recurso.

“III.- Al no encontrarse el presente asunto dentro de los supuestos del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles no se hace especial condena en
costas.”.

“Por lo expuesto y fundado, se “RESUELVE:

“PRIMERO.- Se determina que es improcedente el recurso de queja planteado por ************************** en contra del proveído de once de abril de dos mil doce, dictado por el Juez Quincuagésimo Tercero de lo Civil de esta Ciudad, dentro de los autos del juicio CONCURSO CIVIL VOLUNTARIO promovido por ***************************, expediente número **********.

“SEGUNDO.- No se hace especial condena en costas.

“TERCERO.- Notifíquese, con testimonio de esta resolución, hágase del conocimiento de la misma al juzgado de origen para los efectos legales procedentes y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.

“A S I, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 párrafo segundo, 41 y 43 penúltimo párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por unanimidad de votos de los integrantes de la Octava Sala Civil de este Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, lo resolvieron y firman los Ciudadanos Magistrados **********, siendo ponente el tercero de los nombrados, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe. DOY FE.- Rúbricas.”.

QUINTO.- Los conceptos de violación son del siguiente tenor:

“V. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS: Lo son los Artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al
tenor de los siguientes: “PRIMERO.- De explorado derecho es lo establecido por el Artículo 14 constitucional que dispone “...Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos en
el que cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho...”.

“Por otra parte, el Artículo 16 del mismo Ordenamiento Supremo determina que: ““Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...””.

“En efecto, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal viola los derechos públicos subjetivos que a mi favor tutelan los preceptos
constitucionales en estudio, por las siguientes consideraciones:

“a) El Ad-quem al dictar su resolución deja de aplicar en mi beneficio lo establecido en el artículo 738 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal que al tenor menciona; ““El concurso del deudor no comerciante fue de ser voluntario o necesario. Es voluntario cuando el deudor se desprende de sus bienes para pagar a sus acreedores, presentándose por escrito acompañando un estado de su activo y pasivo con expresión del nombre y domicilio de
sus deudores y acreedores, así como una explicación de las causas que hayan motivado su presentación en concurso. Sin estos requisitos no se admitirá la solicitud. No se incluirán en el activo los bienes que no puedan embargarse.””.

“De conformidad con el anterior precepto, se concluye que los elementos que deben de concurrir en la presentación de la solicitud del Concurso Civil Voluntario, así como su admisión son;

“A).- El concurso civil voluntario tiene lugar cuando el deudor se desprende de sus bienes para pagar a sus acreedores.

“B).- Se debe presentar un estado del activo y el pasivo en el que se mencione el nombre y domicilio de sus deudores y acreedores.

“C).- Una explicación de las causas que hayan motivado su presentación en concurso.

“En La especie cabe mencionar que he dado cumplimiento a cada uno de estos requisitos, apegando en su integridad a la legislación aplicable a mi caso concreto.

“Ahora bien el Juez natural mediante proveído de fecha quince de marzo de dos mil doce, ordeno:

““se previene a la promovente para que en el término de cinco días, exhiba las facturas de los bienes muebles que describe en el número seis del estado de
activos que exhibe con su escrito inicial de demanda”.

“Por lo que mediante escrito de fecha nueve de abril del presente año di cumplimiento a dicho requerimiento, en el que manifesté lo siguiente:

““Que BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto ser la propietaria de los bienes muebles descritos en mi listado de **********, y consistentes
en:

“”Televisión Marca Daewo, Modelo DTQ14V9SS, Numero de Serie MT46BC0137, con un valor aproximado de $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/00 M N).
“”Reproductor de video DVD Marca Daewo, Modelo SK515, Numero de Serie 511B622458, con un valor aproximado de $,300.00 (DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/00 M.N.)
“”Aparato de Reproducción de Sonido Marca Sharp, Numero de Modelo RPWQ0066, Numero de Serie RPWQOO66, con un valor aproximado de $2,700.00
(DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N).

””Razón por la cual, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 798 del Código Civil, me asiste la presunción de ser de mi propiedad, lo cual he
manifestado bajo protesta que así es, resultando entonces la carga de la prueba a quien me niega o dise el ejercicio de este derecho de propiedad, con lo cual solicito que se tenga por expresados los bienes muebles que he puesto a su disposición a efecto de enfrentar a los acreedores que sean reconocidos en el actual procedimiento, de conformidad a lo preceptuado por la facción VI del artículo 739 del Código de Procedimientos Civiles, y para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del mismo dispositivo legal.””.

“Mediante auto recaído de fecha 11 de abril de dos mil doce el juez manifestó:

““Con fundamento en el artículo 257 del Código de Procedimientos Civiles, se desecha la demanda planteada por la promovente, en virtud de que no exhibe las facturas de los bienes muebles que le fueron solicitas en diverso proveído...””

“Siendo así, inconforme con tal determinación interpuse recurso de queja, de la que se dictó la sentencia que por esta vía se impugna y en la que el ad
quem medularmente manifiesta lo siguiente: ““...la aseveración previamente plasmada es infundada. Lo anterior es así pues si bien es cierto en
términos del artículo 798 del Código Civil para el Distrito Federal, la posesión da al que la tiene la presunción de propietario, no menos cierto es que la invocación de esa presunción no puede tener por efecto tener por desahogada debidamente la prevención a través de auto de fecha quince de marzo de dos mil doce...””

“Ahora bien, la sala transgrede en mi perjuicio las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 al determinar la improcedencia de la solicitud que plantee, esto en razón de que el artículo 738 del Código de Procedimientos Civiles que ya quedó debidamente analizado previene los siguientes requisitos para la admisión del Concurso Voluntario:

A) El concurso civil voluntario tiene lugar cuando el deudor se desprende de sus bienes para pagar a sus acreedores.

B) Se debe presentar un estado del activo y el pasivo en el que se mencione el nombre y domicilio de sus deudores y acreedores.

C) Una explicación de las causas que hayan motivado su presentación en concurso.

“En este contexto la falta de alguno de estos requisitos es por la cual puede dejar de admitirse a trámite una solicitud de concurso voluntario, esto debido
a que así lo indica el precepto legal invocado, por lo cual se excluye la posibilidad de que esto acontezca por motivos que se refiera a la presentación o no
presentación de documentos que tengan relación con los mismos a fin de acreditar la propiedad.

“De lo anterior se desprende que me asiste razón jurídica esto como resultado de que la responsable dejó de aplicar el contenido de los preceptos indicados al resolver el recurso que interpuse conforme a su contenido, esto dado que no se limitó a establecer la facultad del juez natural para establecer si se reunían los requisitos que la ley establece para dar trámite a la solicitud de concurso voluntario, sino que el Ad quem emitió su resolución en los mismos términos que el Aquo, es decir sobre cuestiones ajenas a los requisitos que expresamente la ley contempla como necesarios para dar trámite a este tipo de solicitudes.

“De lo anterior se desprende que el hecho de no exhibir un documento para acreditar la propiedad, no es materia de análisis para la admisión de la demanda.

“Por lo que Se reitera la Sala omitió la observación del contenido del artículo 798 del Código Civil del Distrito Federal manifiesta:

““La posesión da al que la tiene, la presunción de propietario para todos los efectos legales. El que posee en virtud de un derecho personal, o de un derecho real distinto de la propiedad, no se presume propietario; pero si es poseedor de buena fe tiene a su favor la presunción de haber obtenido la posesión del dueño de la cosa o derecho poseído.””.

“De lo anterior se desprende que los bienes de los cuales se detenta la posesión, la ley les concede la presunción de propiedad, es decir que si un individuo es poseedor, la ley le concede la presunción de ser propietario.

“Aunado a este hecho se encuentra la declaratoria de “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” en la que manifiesto que dichos bienes son de mi propiedad, por lo tanto dicha calidad no puede ser PREJUZGADA por el adquem, ya que ésta no es un elemento esencial para la procedencia del Concurso Civil Voluntario. Por otro lado si se considerara que la litis del presente asunto es la disa sobre la calidad de la propiedad, llegaríamos al extremo de que en el presente asunto existiera un tercero que oponiéndose a dicha declaración manifestara que dichos bienes no son de mi propiedad entonces nos
someteríamos a que la carga de prueba está a favor del que niega o disa el ejercicio de este derecho de propiedad.

“Por lo anteriormente expuesto es por lo que solicito se me otorgue el amparo y la protección de la justicia Federal toda vez que los actos combatidos son
violatorias de mis garantías individuales.

“SEGUNDO.- En relación al segundo argumento de la autoridad responsable en el que manifiesta: ““...el objeto de estudio de esta resolución es el
auto de fecha once de abril de dos mil doce, en el cual no se planteó solicitud alguna, sino que únicamente se analizó si la parte promovente cumplió o no con la prevención decretada en el proveído de fecha quince de marzo de dos mil doce.””.

““Así pues dado que no fue en el auto recurrido en que se requirió a la promovente para que exhibiera en juicio las facturas de los bienes muebles descritos en el estado de activos, no que dicha determinación obra en el proveído de fecha quince de marzo del dos mil doce, esta Alzada está imposibilitada para analizar si fue correcta o no la solicitud de un requisito no previsto de manera expresa en el artículo 738 del Código de Procesal Civil, pues eso implicaría ir más allá del objeto de la presente queja, además de que en ese caso se violentaría el principio de firmeza de las resoluciones judiciales, ya que
existiría la posibilidad de revocar una resolución que tiene el carácter de firme (pues como se desprende del testimonio, el referido ato no fue impugnado), lo cual acarrearía incertidumbre jurídica.””.

“Lo anterior resulta a todas luces violatorio de garantías ya que el A-quo en su determinación de fecha quince de marzo de dos mil doce manifiesta:
“”…con fundamento en los artículos 257 en relación con el 255, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles, se previene a la promovente para que en el
término de cinco días, exhiba las facturas de los bienes muebles que describe en el número seis del estado de activos que exhibe con su escrito inicial de demanda””.

“El artículo 257 citado menciona: ““Si la demanda fuere obscura o irregular, o no cumpliera con algunos de los requisitos de los artículos 95 y 255, el juez dentro del término de tres días señalará con toda precisión en qué consisten los defectos de la misma, en el proveído que al efecto se dicte. El actor
deberá cumplir con la prevención que haga el juez en un plazo máximo de cinco días contados a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación por Boletín Judicial de dicha prevención, y de no hacerlo transcurrido el término, el juez la desechará y devolverá al interesado todos los documentos originales y copias simples que se hayan exhibido, con excepción de la demanda con la que se haya formado el expediente respectivo. La anterior determinación o cualquier otra por la que no se de curso a la demanda, se podrá impugnar mediante el recurso de queja, para que se dicte por el
Superior la resolución que corresponda.””.

“Por lo que el artículo de mérito establece que cuando la demanda sea obscura o irregular el juez mediante proveído hará del conocimiento del accionante
tal situación para que el mismo dentro del plazo de cinco días cumpla con tales prevenciones, de no darse este supuesto de cumplimiento el juez desechara la demanda.

Siendo que en el presente asunto di cumplimiento cabal a tal prevención mediante el escrito presentado con fecha nueve de abril del dos mil doce.
“Por lo que el argumento del Ad quem acerca de que no se puede pronunciar acerca del contenido del auto de fecha quince de marzo de dos mil doce, resulta incongruente toda vez que el mismo fue superado mediante el desahogo de la prevención ordenada. Es decir el análisis del Ad quem no debía contraerse a determinar si el acto que se debate es consentido o no, sino que el mismo debió de versar sobre la imposición, como quedó manifestado con anterioridad, de requisitos ajenos a los establecidos en la ley para la admisión de la demanda de concurso voluntario.

“Por lo que el análisis de los agravios esgrimidos por este accionante en el escrito de queja debieron ser analizados por el Ad quem, atendiendo a los principios de congruencia y exhaustividad. Esto es así toda vez que el precepto invocado con antelación es un presupuesto para la admisión de la demanda y dando cumplimiento al mismo esta debe de ser admitida en todos sus términos.

“Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número 40 C 288 C, visible en la página 1162, Materia Civil, del Apéndice del Semanario Judicial de la
Federación, septiembre de 2010, que a la letra dice:

““APERCIBIMIENTO PARA INTEGRAR, ACLARAR O COMPLETAR LA DEMANDA. EL JUEZ NO QUEDA OBLIGADO A HACERLO EFECTIVO FATALMENTE
(Interpretación del artículo 257 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal). De lo que se desprende que las prevenciones para integrar, aclarar o complementar la demanda a que se refiere el artículo 257 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, tienen como finalidad lograr que el acto inicial del proceso reúna todos los requisitos legales y necesarios para su viabilidad. El apercibimiento consiste en la comunicación del Juez a la actora, sobre las posibles consecuencias de la permanencia de irregularidades en la demanda, en caso de no ser subsanadas. Esto constituye un acto preparatorio de la posible consecuencia anunciada, y una advertencia previa a la imposición de la sanción, lo cual permite afirmar que, con el apercibimiento sólo se anuncia lo que puede ocurrir en un futuro inmediato, sin que con esto se actualice necesariamente l

PARTE 2 DEL TEXTO DEL RECONOCIMIENTO:

la demanda, sin sentirse vinculado ineludiblemente por su propia prevención, aunque el demandante no haya presentado ningún escrito encaminado a cumplir con lo pedido o el presentado se considere insuficiente. En otras palabras, el valor que está en juego en estas actuaciones es la existencia de una demanda clara y completa, por lo que al constatarse su satisfacción oportuna, se tornan irrelevantes los demás actos empleados como medios o instrumentos para alcanzar el fin.””.

“Del anterior criterio queda de manifiesto que el auto de prevención es un medio para dar cumplimiento a los requisitos legales y de viabilidad de la demanda, aunado a esto y como quedó asentado se dio cumplimiento a tal prevención por lo que el juez natural debió admitirla sin más requisitos que los establecidos en la ley, y el ad quem debió de abstenerse de pronunciarse sobre si el acto impugnado era consentido o no, ya que como se mencionó el mismo no es objeto de la impugnación ya fue superado mediante escrito de desahogo, así lo establece el criterio citado donde menciona que esta prevención es un modo dar claridad a la demanda interpuesta.

TERCERO.- La resolución de mérito transgrede en mi perjuicio lo establecido en el artículo 17 de la Carta Magna que al tenor dice:

“”Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

“”Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas

judiciales.

“”El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas Tales leyes determinaran las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.

“”Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y

establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

“”Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.

“”Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de

sus resoluciones.

“”La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las

condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

“”Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.””.

“Se viola en perjuicio de la quejosa el articulo anteriormente transcrito en virtud de que, tanto el A quo y la Ad quem, me han negado el acceso a la justicia,

prejuzgando respecto a la propiedad de bienes muebles, pretendiendo fundamentar sus resoluciones en artículos que son inaplicables al Concurso Civil Voluntario, que se ha propuesto al juez natural y que de manera inexplicable la Ad quem ha confirmado el proveído emitido por el juez natural que desechó mi Concurso Civil Voluntario.

“CUARTO - Sea aplicada a mi favor la suplencia de la queja toda vez que se interpretó y aplicó de forma incorrecta la legislación que rige el procedimiento

concursal propuesto por mi parte.

“Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada numero I. 3° C 297 C, visible en la página 1352, Materia Civil del Apéndice del Semanario Judicial de la

Federación, abril 2002, que a la letra dice:

”SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA CIVIL, PROCEDENCIA DE LA, CUANDO SE ADVIERTE LA APLICACIÓN DE UNA NORMA PROCESAL O SUSTANTIVA CONTRA EL QUEJOSO O RECURRENTE QUE NO RIGE AL ACTO RECLAMADO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 76 bis fracción VI, de la Lev de Amparo, procede la suplencia de los agravios o de los conceptos de violación en materia civil, cuando ocurre una violación manifiesta de la ley, lo que puede actualizarse en los casos en que: a) la autoridad responsable o el Juez de Distrito aplican una norma procesal o sustantiva que evidentemente no es aplicable al caso concreto, atendiendo precisamente a la naturaleza de la situación o acto jurídico de que se trate; b) quede de manifiesto que no debieron aplicarse al caso concreto las normas procesales o sustantivas, sin necesidad de hacer una reflexión profunda de la

naturaleza de la institución jurídica contemplada en la norma; y, c) el estado de indefensión se produzca, no por la imposibilidad de plantearlo a través de un recurso, medio ordinario de defensa, o en los agravios que se formulen, en su caso, en el recurso de revisión contra la sentencia de un Juez de Distrito, sino por la consecuencia jurídica inherente a la aplicación de la norma procesal o sustantiva que le causa perjuicio y le genera indefensión por la privación del beneficio que la norma aplicada produce. Por tanto, si un Juez de Distrito no apreció los actos reclamados tal y como fueron probados ante la

autoridad responsable, y los estimó ilegales, apoyándose para ello en una disposición diversa, es evidente que se actualiza una violación manifiesta de la ley contra el agraviado y opera la mencionada suplencia, en términos de la citada disposición legal.””.

“LEY QUE EN CONCEPTO DEL QUEJOSO SE APLICÓ INEXACTAMENTE Y LEY QUE DEJO DE APLICARSE. “Se aplica incorrectamente lo preceptuado en el

Código Civil y EL Código de Procedimientos Civiles, específicamente en lo dispuesto por los artículos 81, 738 y 739 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al igual que lo dispuesto por los Artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución que nos rige.”.

SEXTO.- La quejosa argumenta en el primer concepto de violación que hace valer, que la sala responsable transgrede en su perjuicio las garantías que

tutelan los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que la sala responsable dejó de aplicar en su beneficio lo dispuesto por el artículo 738 del Código de

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, numeral del que se concluye que los elementos que deben concurrir en la presentación de la solicitud del concurso civil voluntario, así como su admisión, son los siguientes:

“A).- El concurso civil voluntario tiene lugar cuando el deudor se desprende de sus bienes para pagar a sus acreedores.

“B).- Se debe presentar un estado del activo y el pasivo en el que se mencione el nombre y domicilio de sus deudores y acreedores.

“c).- Una explicación de las causas que hayan motivado su presentación en concurso.”.

Que bajo ese contexto, la falta de alguno de dichos requisitos haría que dejara de admitirse a trámite una solicitud de concurso voluntario, lo que hace que se excluya la posibilidad de que esto acontezca por motivos que se refieran a la presentación o no de documentos que tengan relación con los mismos, a fin de acreditar la propiedad.

Que la sala responsable dejó de aplicar el contenido de los preceptos legales que indica, dado que no se limitó a señalar la facultad del juez natural para

establecer si se reunían los requisitos que la ley dispone para dar trámite a la solicitud de concurso voluntario, sino que emitió su resolución sobre cuestiones ajenas a los requisitos que la ley contempla como necesarios para dar trámite a este tipo de solicitudes.

El anterior concepto de violación es infundado, en atención a que de las constancias de autos se desprende que la hoy quejosa, mediante escrito presentado el catorce de marzo de dos mil doce, ante el juez de lo civil en turno en el Distrito Federal, promovió concurso civil voluntario, en los siguientes términos:

“Que con fundamento en lo establecido por los artículos 738 y 739 del Código de Procedimientos Civil para el Distrito federal y asimismo tomando en

consideración lo previsto por los artículos 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 y demás aplicables del Código Civil para el Distrito Federal, en la vía de juicio universal de acreedores, vengo a promover mi concurso civil voluntario, al tenor de las siguientes manifestaciones, mismas que realizo bajo protesta de decir verdad. “En términos de lo previsto por lo artículo 738 del Código de Procedimientos Civiles y 2964, 2965 del Código Civil; ambos para el Distrito Federal vengo a manifestar por escrito que voluntariamente vengo a someterme a la jurisdicción de este H. Juzgado Civil, a efecto de hacer frente a mis acreedores, manifestando que es mi voluntad desprenderme de mis bienes para dar cumplimiento a mis obligaciones, mismas que actualmente se encuentran suspendidas por falta de pago y al efecto comparezco acompañando al presente un estado de activos y pasivos como anexo 1, e igualmente desde este momento expongo bajo protesta de decir verdad que las causas que me han motivado para la presentación del presente concurso, se resumen

en los siguientes hechos: “……..”

A este respecto, el Juez Quincuagésimo Tercero de lo Civil del Distrito Federal, dictó acuerdo de quince de marzo de dos mil doce, que es del siguiente tenor:

“México, Distrito Federal, a quince de marzo de dos mil doce.

“Con el escrito de cuenta, anexos y copias simples que se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número

**********; que es el que le corresponde. “Guárdense en el seguro del juzgado los documentos exhibidos por la actora.

“Visto el escrito inicial y los documentos exhibidos, con fundamento en los artículos 257 en relación con el 255, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles, se previene a la promovente para que dentro del término de cinco días, exhiba las facturas de los bienes muebles que describe en el punto número

seis del estado de activos que exhibe con su escrito inicial de demanda.

“Asimismo deberá exhibir copia simple del escrito con el que desahoguen dicha prevención, así como de los documentos que al efecto acompañen, apercibidos que en caso de no hacerlo, se desechará la demanda y se le devolverán los documentos presentados con excepción del escrito inicial de demanda con el que se formó este expediente.”.

La entonces promovente desahogó la referida prevención, en los siguientes términos:

“Que por medio del presente escrito y estando en tiempo y forma para ello vengo a desahogar la prevención de su señoría contenida en auto de fecha 15

de marzo del presente año y al efecto respetuosamente manifiesto:

“Que bajo protesta de decir verdad, manifiesto ser la propietaria de los bienes muebles descritos en mi listado de activos y pasivos, mismos que se ubican en mi domicilio sito en ********************************************** ************** **********************************************

**** y consistentes en: “A.- ********************, con un valor aproximado de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M. N.). “B.- ****************************************** ********, con un valor aproximado de $2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100 M.N). “C.- Aparato de reproducción de sonido marca Sharp, número de modelo ********** número de serie ********************, con un valor aproximado de $2,700.00 (dos mil setecientos pesos 00/100 M. N.).

“Razón por la cual, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 798 del Código Civil, me asiste la presunción de ser de mi propiedad, lo cual

he manifestado bajo protesta que así es, resultando entonces la carga de la prueba a quien me niegue o dise el ejercicio de este derecho de propiedad,

con lo cual solcito que se tena por expresados los bienes muebles que ha puesto a su disposición a efecto de enfrentar a los acreedores que sean

reconocidos en el actual procedimiento; de conformidad a lo preceptuado por la fracción VI del artículo 739 del Código de Procedimientos Civiles y

para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del mismo dispositivo legal.”.

De lo anterior se sigue que no resultaba suficiente la invocación de presunción por parte de la actora de ser propietaria de los muebles referidos, sino que como bien lo señaló la sala responsable, era menester que presentara los documentos que le fueron solicitados o bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, igualmente podía desahogar la prevención en cita expresando no tener a su disposición las facturas requeridas y acreditando la solicitud de las mismas con la copia simple sellada por el lugar en el cual se encontrara para que se le expidieran una certificación de ellos; o inclusive, podía manifestar bajo protesta de decir verdad, la causa por la cual no podía presentar los

documentos referidos.

Lo que resulta correcto, en atención a que el artículo 95, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es como sigue:

“Artículo 95.- A toda demanda o contestación deberá acompañarse necesariamente:

“….II.- Los documentos en que el actor funde su acción y aquellos en que el demandado funde sus excepciones. Si no los tuvieren a su disposición;

acreditarán haber solicitado su expedición con la copia simple sellada por el archivo o lugar en que se encuentren los originales, para que, a su costa, se le

expida certificación de ellos, en la forma que prevenga la ley. Se entiende que las partes tienen a su disposición los documentos, siempre que legamente puedan pedir copia autorizada de los originales y exista obligación de expedírselos. Si las partes no pudiesen presentar los documentos en que funden sus acciones o excepciones, declararán bajo protesta de decir verdad, la causa por la que no pueden presentarlos. En vista a dicha manifestación, el juez, si lo estima procedente ordenará a la responsable de la expedición que el documento solicitado por el interesado se expida a costa de éste, apercibiéndolo con la imposición de alguna de las medidas de apremio que autoriza la ley.

“Salvo disposición legal en contrario o que se trate de pruebas supervenientes, de no cumplirse por las partes con alguno de los requisitos anteriores, no se les recibirán las pruebas documentales que no obren en su poder al presentar la demanda o contestación, como tampoco si en esos escritos se dejan de identificar las documentales, para el efecto de que oportunamente se exijan por el tribunal y sean recibidas, el mismo tratamiento se dará a los informes que se pretendan rendir como prueba.”.

Entonces, resulta infundado lo argumentado por la quejosa en el sentido de que el hecho de no exhibir un documento para acreditar la propiedad, no es materia de análisis para la admisión de la demanda, porque al haber emitido el a quo el acuerdo de quince de marzo de dos mil doce, la accionante se encontraba sometida a dicha determinación y en consecuencia, debió de exhibir las facturas requeridas o manifestar la causa por la cual no podía presentar los documentos de que se trata.

De igual forma es infundado lo argumentado por la peticionaria de garantías en el sentido de que manifestó bajo protesta de decir verdad que tales bienes eran de su propiedad y dicha calidad no puede ser prejuzgada, ya que ésta no es un elemento esencial para la procedencia del concurso voluntario.

Lo anterior es así, porque como ya se indicó, en el  caso, la hoy quejosa se encontraba obligada a cumplir en sus términos el requerimiento de que se trata o exponer la causa por la cual no podía presentar los citados documentos, cuestión que no hizo la promovente del amparo.

Por otra parte, la quejosa argumenta que si se considerara que la litis del presente asunto es la disa sobre la calidad de la propiedad, se llegaría al extremo de que existiera un tercero que oponiéndose a dicha declaración, manifestara que dichos bienes no son de su propiedad.

El anterior concepto de violación es infundado, en atención a que lo planteado por la quejosa parte de un supuesto relativo a la disa de un derecho de

propiedad, lo que no ocurre en el caso, en el que la accionante no cumplió en los términos ya narrados en párrafos precedentes, con la prevención decretada en el proveído de quince de marzo de dos mil doce.

La quejosa argumenta en el segundo concepto de violación que hace valer, que el artículo 257 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal,

establece que cuando la demanda sea obscura e irregular, el juez mediante proveído hará del conocimiento de la accionante tal situación para que el

mismo dentro del plazo de cinco días cumpla con tales prevenciones, de no darse este supuesto de cumplimiento, el juez desechará la demanda y en la

especie en el presente asunto si dio cumplimiento a tal prevención.

Que por lo anterior, el argumento de la sala responsable, acerca de que no se podía pronunciar respecto del contenido del auto de quince de marzo de

dos mil doce, resultaba incongruente ya que el mismo había sido superado al haber sido desahogada dicha prevención.

Que por lo tanto, el análisis de los agravios esgrimidos en el recurso de queja, debieron ser analizados por la sala responsable, atendiendo a los

principios de congruencia y exhaustividad.

El anterior concepto de violación es infundado, en atención a que efectivamente, como bien lo precisó la sala responsable, el objeto de estudio en la alzada, era el auto de once de abril de dos mil doce, en el cual no se planteó alguna prevención a la hoy quejosa relativa a la exhibición de alguna documentación, sino que simplemente se analizó si la promovente había cumplido o no con la prevención decretada en el acuerdo de quince de marzo de dos mil doce.

En efecto, este último acuerdo es del siguiente tenor:

“México, Distrito Federal, a once de abril de dos mil doce.

“Agréguese a sus autos del expediente **********, el escrito de cuenta de la promovente, a quien se le tiene por presentada en tiempo desahogando

la prevención a que se refiere el proveído dictado el quince de marzo del año en curso, misma que se acuerda en los siguientes términos:

“Con fundamento en el artículo 257, del Código de Procedimientos Civiles, se desecha la demanda planteada por la promovente, en virtud de que no exhibe

de las facturas de los bienes muebles que le fueron solicitadas en diverso proveído de fecha quince marzo de dos mil doce, mismas que son indispensables para admitir a trámite el procedimiento que se pide, atendiendo a lo que dispone el artículo 95; fracción II, de la legislación en cita.”.

Por lo tanto, si en el caso la hoy quejosa no estuvo de acuerdo con la prevención que se le hizo para que dentro del término de cinco días exhibiera las facturas de los bienes muebles a que hizo mención en su escrito inicial de demanda, debió de impugnar dicho acuerdo, lo que no hizo, dando como resultado que el mismo adquiriera firmeza jurídica y por ende, la sala responsable no podía realizar algún análisis acerca de la procedencia o no del requerimiento aludido.

Por consiguiente, no resulta aplicable al caso la tesis que invoca la quejosa de rubro:

“APERCIBIMIENTO PARA INTEGRAR, ACLARAR O COMPLETAR LA DEMANDA. EL JUEZ NO QUEDA OBLIGADO A HACERLO EFECTIVO FATALMENTE

(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 257 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDRAL). En Atención a que la misma se refiere

esencialmente a que no siempre procede hacer efectivo el apercibimiento decretado, si posteriormente se advierte que los requisitos omitidos se encuentran

satisfechos, lo que resulta una cuestión distinta al presente asunto, en el que la hoy quejosa consintió el proveído de quince de marzo de dos mil doce, en los términos ya narrados en párrafos que anteceden. La quejosa argumenta en el tercer concepto de violación que hace valer que se transgrede en su

perjuicio lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, toda vez que se le ha negado el acceso a la justicia, prejuzgado respecto a la propiedad de sus bienes

muebles y pretendiendo fundamentar su resolución en artículos que son inaplicables al concurso civil voluntario.

El anterior concepto de violación es infundado, en atención a que a este respecto la sala responsable señaló de manera puntal en la sentencia reclamada, las causas y razones por las cuales las argumentaciones de la impugnante resultaban infundadas e inoperantes, por lo que no puede estimarse válidamente que en el caso exista negativa de acceso a la justicia o imparcialidad que contraríe el texto del artículo 17 constitucional, si se tiene en cuenta que la quejosa tuvo la posibilidad legal de alegar lo que a su derecho conviniera.

Sin que por lo demás, la promovente del amparo precise en qué disposiciones legales pretendió la sala responsable apoyarse y porqué a su juicio, no resultan aplicables al caso concreto, lo que provoca que tal planteamiento resulte inoperante.

La quejosa argumenta en el cuarto concepto de violación, que en la especie solicita la suplencia de la queja, toda vez que se interpretó y aplicó de forma

incorrecta la legislación que rige el procedimiento concursal propuesto de su parte.

El anterior concepto de violación es infundado, porque de la atenta lectura de la sentencia reclamada no se desprende que la sala responsable hubiera realizado una interpretación y aplicación incorrecta de la legislación a que hace referencia la quejosa, ni se advierte la existencia de alguna violación manifiesta que hiciera factible la suplencia de la queja en términos del artículo 76-Bis de la Ley de Amparo.

En las condiciones apuntadas, dado que de la atenta lectura de la sentencia reclamada se desprende que la sala responsable expuso los razonamientos

técnicos y jurídicos y preceptos legales aplicables al caso concreto, es incuestionable que cumplió con los requisitos de motivación y fundamentación a que se refiere el artículo 16 constitucional, por lo cual procede negar el amparo solicitado.

La negativa del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Juez Quincuagésimo Tercero de lo Civil del Distrito Federal, porque no se reclamaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hace depender de los actos de la autoridad ordenadora.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 91, publicada en la página 72 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la

Federación de 1917 a 2000, que dice lo siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las

autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía."

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76 a 79, 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

UNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***************************, contra los actos que reclamó de las autoridades debidamente precisados al inicio de esta ejecutoria.

Notifíquese; y con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados, Jaime Aurelio Serret Álvarez, Luz Delfina Abitia Gutiérrez y Daniel Patiño Pereznegrón, lo resolvió

el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Firman el Magistrado Presidente y Ponente con el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, hasta hoy diecisiete de octubre de mil doce, en que se

realizó el engrose de esta resolución.- Doy fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE Y PONENTE LIC. JAIME AURELIO SERRET ÁLVAREZ. SECRETARIO DE ACUERDOS: LIC. SERGIO MOLINA CASTELLANOS.

Responsables de la supresión de datos:

Secretario: Lic. César Augusto Figueroa Soto.

Oficial Administrativo: Judith Rosalba Piedad Méndez Méndez.

Esta foja número cincuenta, pertenece a la parte final de la resolución dictada en el amparo directo número DC-632/2012.- México, Distrito Federal, a diecisiete de octubre de dos mil doce.- Conste.

El licenciado(a) César Augusto Figueroa Soto, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste”.

De lo anterior, deriva el siguiente RECONOCIMIENTO QUE HAGO AL LICENCIADO JORGE ARIEL MORALES FRANCO, respecto de su supina ignorancia respecto de la obligación que tiene la parte actora de exhibir, conjuntamente con el escrito con que se inicia cualquier juicio, aún en el caso del concurso civil voluntario, los DOCUMENTOS ORIGINALES, pues así lo dispone expresamente el artículo 95, fracciones II y III, del Código Civil vigente en el Distrito Federal.

Ello es así, pues la pretensión que solamente por el hecho de que la actora manifieste bajo protesta de decir verdad que, por ejemplo, es tenedor de un título de crédito, sin exhibirlo, deba admitirse su demanda en el juicio ejecutivo mercantil, o que en el concurso voluntario, el promovente diga que es propietario de tal o cual bien, sin acreditarlo, deba admitirse a trámite su demanda.

Finalmente y en cuanto hace al tema del cargo de Juez que el Licenciado Jorge Ariel Morales franco afirma desempeñó, tal aseveración es cuestionable, por lo siguiente.

En la búsqueda de antecedentes, se localizó información (que más adelante será transcrita), que pone en tela de juicio el hecho que hubiera ocupado un cargo jurisdiccional como el que presume.

En el año de 2006, concretamente el 1 de febrero de 2006 (casualmente, el mismo año que dice empezó a promover miles de concursos civiles en toda la república), el Licenciado Jorge Ariel Morales Franco ingresó a prestar sus servicios en favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, ocupando el puesto de Auditor, del área de Auditoría, Quejas y Responsabilidades, puesto del que, el viernes 28 de abril de esa misma anualidad, dijo que su Jefe de Grupo le exigió la entrega de los expedientes que tenía a su cargo, porque el titular del Órgano Interno de Control y la Subdirectora Administrativa del Órgano Interno de Control, querían verlos físicamente, señalándole igualmente que se presentara a sus labores el 2 de mayo, y que al acudir esta última fecha a prestar sus servicios, le fue negado el acceso al edificio, por lo que no pudo ya continuar desempeñando sus actividades.

Por tanto, el único antecedente existente del Licenciado Jorge Ariel Morales Franco como servidor público, es el que escasamente desempeñó como auditor en el Seguro Social, y únicamente durante escasos 3 meses; de ello, cualquier persona con meridiana claridad y sentido común, sabe entonces que un auditor no es un juez, ni realiza funciones, ni material ni formalmente jurisdiccionales, por tanto,

PÚBLICAMENTE RECONOZCO QUE, CON LOS ANTECEDENTES QUE OBRAN EN PODER DEL SUSCRITO, RESULTA UNA FALACIA QUE EL LICENCIADO JORGE ARIEL MORALES FRANCO HAYA OCUPADO CARGO ALGUNO DE JUEZ.; en todo caso, si nos ostentamos como profesionales del Derecho, una de nuestras principales obligaciones es la de observar los Principios Generales de Derecho que rigen nuestro ejercicio profesional; por tanto, siendo uno de esos Principios el relativo a que, quien afirma debe probar, toca ahora a nuestro ilustre homenajeado con estos reconocimientos, demostrar sus afirmaciones, aunque evidentemente, dada su imposibilidad para acreditarlas, solamente se concretará, como es su estilo hacerlo, a proferir una serie de vituperios en contra de su servidor, o quizá, inclusive llegue a denunciarme ante la policía cibernética, como también ha afirmado que lo hizo con otra persona por decirle sus verdades; sin embargo, la primera acción la tomo de quien viene, y en cuanto a la segunda o cualquier otra de similar naturaleza, ni me intimida y menos me atemoriza.

Adicionalmente, he de decir que derivado de la terminación de su efímera relación laboral con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Licenciado Jorge Ariel Morales Franco promovió demanda laboral, de la que aun conoce la Junta Especial número 9, de la Federal de conciliación y Arbitraje, bajo el expediente 774/2006, juicio laboral en el que se había dictado laudo con fecha 4 de octubre de 2010, absolviendo al Instituto demandado de todas prestaciones que le reclamó, laudo en contra del cual, el Licenciado Morales Franco promovió el Ampro Directo Laboral 1198/2011, del que conoció el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el que justo es decirlo, le concedió la protección constitucional para el efecto que se dejara insubsistente el fallo y se dictara otro siguiendo los lineamientos señalados en la Ejecutoria de mérito.

En cumplimiento de la misma, la Junta Especial número 9, de la Federal de Conciliación y Arbitraje dictó nuevo laudo, en el que condenó al Instituto, no sólo a las prestaciones que le fueron demandadas sino también a otras que no fueron objeto de reclamación, condena que no fue resultado más q1ue del hecho que el abogado que compareció a juicio en representación del Seguro Social demandado, resultó más inepto que el propio Morales Franco, pues no tuvo la atingencia de exhibir el original del escrito de renuncia que presentó éste, confiado en que era suficiente exhibir copia fotostática simple para perfeccionarla a través de una inspección ocular; en contra del laudo que favoreció al Licenciado Jorge Ariel, el Instituto interpuso el juicio de Amparo Directo 1402/2013, el que al resolverse le otorgó a la Institución quejosa el amparo solicitado.

Actualmente, la Junta Especial número 9 de la Federal de conciliación y Arbitraje se encuentra en vía de cumplir esta última ejecutoria, sin que a la fecha haya dictado el nuevo laudo; sin embargo, del sentido de la resolución amparatoria, también se desprende que, finalmente,  condenarán al Instituto a reinstalar al ilustre abogado Jorge Ariel Morales Franco, con el pago de los salarios caídos que le regaló el representante legal de la propia demandada, lodo lo cual, me conduce a hacer también, UN RECONOCIMIENTO DEL LICENCIADO JORGE ARIEL MORALES FRANCO POR EL INMERECIDO RECIBIMIENTO QUE, EN UN FUTURO PRÓXIMO SE TRADUCIRÁ EN EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS QUE, SI BIEN ES CIERTO, SERÁ LÍCITO POR PROVENIR DE UN LAUDO LABORAL, TAMBIÉN LO ES QUE RESULTA INDEBIDO, como lo podrá advertir quien tenga interés en leer las sentencias dictadas en ambos amparos, lo que también les permitirá inferir el sentido del último laudo.

AMPARO DIRECTO: DT. 1198/2011

(17891/2011).

QUEJOSO: **********.

MAGISTRADO RELATOR: MARCO

ANTONIO BELLO SÁNCHEZ.

SECRETARIA: CRUZ MONTIEL TORRES.

México, Distrito Federal, acuerdo del Sexto Tribunal

Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de cinco de diciembre de dos mil trece.

VISTO, para resolver el Juicio de Amparo Directo DT. 1198/2011 (17891/2011), promovido por **********, contra el acto de la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo de cuatro de octubre de dos mil diez, dictado en el juicio laboral 774/2006, seguido por el propio quejoso en contra del **********, acto que estimó violatorio de las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Por escrito presentado el dos de junio de dos mil seis, ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ********** demandó del **********, las siguientes prestaciones:

a) La reinstalación en el cargo y puesto que venía desempeñando hasta el día de su retiro injustificado, el pago de salarios caídos, a partir del ilegal despido y hasta la total resolución.

Fundó su demanda en los hechos siguientes:

1. El uno de febrero del dos mil seis, ingresó a prestar sus  servicios personales y subordinados con el puesto de Auditor del Área de Auditoria, Quejas y Responsabilidades, en un horario de nueve de la mañana a diecinueve de la tarde, con hora de comida de catorce a quince horas, con un sueldo de **************************************** mensuales.--- 2. El viernes veintiocho de abril del dos mil seis, siendo aproximadamente las seis de la tarde, su jefe de grupo el licenciado

********** sorprendido y preocupado le informó que por instrucciones del Ingeniero **********************************************************************, titular del Órgano Interno de Control y la contadora ******************************, Subdirectora Administrativa del Órgano Interno de Control, le tenía que hacer entrega de todos los expedientes que tuviera asignados y que los querían ver físicamente, y una vez entregados a las seis y media de la tarde, le dijo que por instrucciones del ingeniero **********y ******************************, que se retirara del centro de trabajo y que se presentara como siempre el martes dos de mayo de dos mil seis a las nueve de la mañana a la Sala de Juntas del Área de Auditoria Quejas y Responsabilidades en cita.--- 3. El martes dos de mayo del dos mil seis, se presentó en su centro de trabajo ubicado en la **************************************************** en esta ciudad, para acceder al sexto piso, pero en la puerta de acceso fue interceptado por dos elementos del sexo femenino de seguridad privada que vigilan dicho edificio, en frente de muchos compañeros y público que había, le señalaron “LICENCIADO USTED NO PUEDE ENTRAR”, a lo que les manifestó cuál era la razón por la cual no se le permitía la entrada y le manifestaron que era por instrucciones expresas del Nivel Central dadas por el Ingeniero ********** y por la

contadora ******************************, razón por la cual le fue imposible continuar en el desempeño de sus funciones en su centro de trabajo, motivo por el cual acude ante esta H. Autoridad a ejercitar la acción y reclamo de las prestaciones que quedaron debidamente señaladas en el capítulo correspondiente, doscientas cuarenta horas de tiempo extraordinario laborado y no cubierto durante el último año que duró la relación laboral, mismo que reclamó su pago mediante la presente demanda.

En escrito de nueve de enero de dos mil siete, el actor modifica en la parte de sus prestaciones, el escrito inicial de demanda en lo siguiente: “a) La reinstalación del trabajador a su centro de trabajo en el cargo y puesto en el que se veía desempeñando hasta el día de su despido injustificado.--- b) El pago de los salarios caídos, que se cuantificarán a partir de su ilegal despido y hasta la total resolución del presente juicio, es decir, hasta que el trabajador sea reinstalado en su centro de trabajo. (foja 21 exp. lab.)

SEGUNDO. Mediante escrito de veinticinco de septiembre de dos mil seis, el **********, contestó la demanda en los siguientes términos:

“a) Carece de acción y de derecho la parte actora para reclamar la reinstalación y por tanto el cumplimiento de su contrato de trabajo, en la categoría y en los mismos términos y condiciones que se establece el pacto contractual, en virtud de que lo que en verdad aconteció fue que mediante oficio dirigido al C.P. ******************************, Titular del Área de Auditoria, Quejas y Responsabilidades en la Delegación Norte del Distrito Federal del ********************************************************************************, el hoy actor presentó su renuncia irrevocable a la plaza de auditor que desde el uno de febrero del dos mil seis, venía desempeñando en dicha área, renuncia irrevocable con efectos a partir del uno de mayo del mismo año, escrito de renuncia que le fue aceptada al actor el

veintisiete de abril del año antes mencioando, por lo que resulta falto de todo derecho para pretender en este momento la reinstalación, así como las prestaciones accesorias.--- Independiente de lo anterior y para el supuesto y por lo que hace al indebido pago de los salarios caídos que indebidamente pretende el actor. Carece de acción y derecho la parte actora para pretender de su representado el pago de los salarios vencidos, y que se sigan generando desde el momento del injustificado despido y hasta la infundada prestación de reinstalación, puesto como ya lo he manifestado en el inciso a) que se contesta de la presente contestación y como lo probará en su momento procesal oportuno, el actor mediante oficio dirigido al C.P. ******************************, Titular del Área de Auditoria, Quejas y Responsabilidades en la Delegación Norte del Distrito Federal del ******************************, el actor presentó su renuncia irrevocable a la plaza de auditor que desde el uno de febrero del dos mil seis, venía desempeñando, renuncia irrevocable con efectos a partir del uno de mayo del mismo año, escrito de renuncia que le fue aceptada al actor el veintisiete de abril del mismo año, por lo que resulta falto de todo derecho el hoy actor para pretender en este momento la reinstalación, así como las prestaciones accesoria, y por tanto no se genera acción o derecho alguno para el pago de salarios vencidos, además de que el accionante en ningún momento funda tal prestación, oponiéndose por tal motivo la excepción de falta de fundamento legal de la demanda, así como la excepción de improcedencia de lo reclamado, por no tener fundamento legal para ello; y considerando que el concepto de salario establecido por el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, establece que: “es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo, puesto que en el caso concreto que nos ocupa finalizó la relación de trabajo existente entre el hoy actor y mi mandante, que se originó por voluntad expresa del hoy actor enfatizándose que en una relación laboral extinguida no puede generar la obligación de generar salarios después de su terminación, no existiendo fundamento legal alguno para la prestación que ahora reclama el actor en el correlativo que se controvierte, toda vez que como se ha manifestado y se insiste el hoy actor de manera voluntaria y sin presión física y psicológicamente expresó su voluntad de renunciar a la relación que lo unía con mi representado, como se probará en el momento procesal oportuno.”

Con relación al capítulo de hechos manifestó: 1. El correlativo que se contesta es cierto en cuanto a la fecha de uno de febrero del dos mil seis y su puesto de Auditor, Quejas y Responsabilidades, siendo falso y se niega el horario ya que tenia un horario de ocho a dieciséis horas y no como falsamente lo manifiesta, y en cuanto al sueldo es absolutamente FALSO Y SE NIEGA ya que el hoy actor percibía de su representado un salario mensual integrado de **********, mismo que se demostrará en su momento procesal oportuno.--- 2. El correlativo que se contesta es falso y se niega, toda vez que son apreciaciones subjetivas y personales carentes de valor lógico jurídico alguno; de igual forma, y toda vez que la verdad de los hechos es que el hoy actor mediante oficio dirigido al C.P. **************************************************,

Titular del Área de Auditoria, Quejas y Responsabilidades en la Delegación Norte del Distrito Federal del ******************************, el actor presentó su renuncia irrevocable a la plaza del auditor que desde el uno de febrero del dos mil seis, y que venía desempeñando en dicha área, renuncia irrevocable con efectos a partir del uno de mayo del mismo año, escrito de renuncia que le fue aceptada el veintisiete de abril del año antes citado, por lo que resulta falto de todo derecho el actor para pretender en este momento la reinstalación, así como las prestaciones accesorias, mismo que se demostrará en el momento procesal oportuno.--- 3. El correlativo que se contesta son falsos y se niega, toda vez que son apreciaciones subjetivas y personales carentes de valor lógico jurídico alguno; de igual forma, y toda vez que la verdad de los hechos es que el hoy actor mediante oficio dirigido al C.P. ******************************, Titular del Área de Auditoría, Quejas y Responsabilidades en la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, presentó su renuncia irrevocable a la plaza de auditor que desde el uno de febrero del dos mil seis, venía desempeñando en dicha área, renuncia irrevocable con efectos a partir del uno de mayo del dos mil seis, escrito de renuncia que le fue aceptada al hoy actor el veintisiete de abril del mismo año, por lo que resulta falto de todo derecho el hoy actor para pretender en este momento la reinstalación que pretende, así como las prestaciones accesorias que pretende, mismo que se demostrará en su momento procesal oportuno, y cuanto a las doscientos cuarenta horas de tiempo extraordinario es falso y se niega ya que su representado no tiene adeudo alguno que le corresponda al hoy actor.--- Por lo antes expuesto, solicito se tenga por insertas a la letra las manifestaciones hechas valer en el inciso a) del capítulo de prestaciones, así como hechos que anteceden en obvio de repeticiones innecesarias para todos los efectos legales a que haya lugar.

Opuso como excepciones y defensas: 1. La falta de acción y de derecho. 2. La falta de legitimación activa; 3. La de improcedencia de lo reclamado por no tener fundamento legal para ello; 4. La de obscuridad y defecto legal de la demanda; 5. Las derivadas de las tesis jurisprudenciales hechas valer en el presente escrito; 6. La de falta de fundamento legal de la demanda; y 7. Todas las que se deriven de la presente contestación.

Formula reconvención en los siguientes términos: “a) El pago de ********** que por un préstamo de la caja de ahorro se le realizó al hoy actor y que hasta la fecha de su renuncia irrevocable, no pagó, hecho que se acreditará oportunamente y que mi mandante le prestó dicho importe bajo el concepto 192.--- b) El pago de *************************************** **********, que bajo la clave 166 adeuda la parte actora por concepto de “Casa Comercial (Comisión Paritaria)”, ya que la parte actora solicitó un préstamo por la cantidad referida y que se le venían  descontando quincena a quincena y que no cubrió al momento de la presentación de la renuncia irrevocable ante

mi representado.--- c). El pago de ********** ********** bajo la clave 145 adeuda la parte actora por concepto de “Vale de Línea Blanca”, ya que la parte actora solicitó un préstamo por la cantidad referida y que le venía descontando quincena a quincena y que no cubrió al momento de presentar su renuncia irrevocable que le presentó a mi representado.--- d). El pago de ********** que bajo la clave 133 adeuda la parte actora por concepto de “Ayuda para Gastos de Escrituración para Crédito Hipotecario” ya que la parte actora solicitó un préstamo por la cantidad referida y que se le venía descontando quincena a quincena y que no cubrió al momento de rescindirle justificadamente el contrato de trabajo.--- Todos los importes deberán condenarse al actor a su devolución y pago ya que no los cubrió en la fecha que presentó a mi representado la renuncia irrevocable.”

En audiencia de diecinueve de febrero de dos mil siete en uso de la palabra la apoderada del IMSS dijo: “…previo a ratificar mi escrito de contestación a la demanda y por cuanto hace a las ampliaciones y/o modificaciones hechas por mi contraparte en cuanto a las prestaciones que reclama, carece de acción y de derecho la parte actora para reclamar de mi representado tales prestaciones, toda vez, remitiéndome para su contestación a mi escrito de contestación a la demanda por contener la verdad de los hechos, asimismo y en este acto con fundamento en el artículo 878, fracción VII de la Ley Federal del Trabajo, en este acto reconvengo a mi contraparte por los conceptos que se encuentran descritos en mi escrito de contestación a

la demanda, que corre agregado a foja 4 de la misma, lo anterior lo ratifico y lo reproduzco para todos los efectos legales a que haya lugar.--- EN USO DE LA PALABRA EL APODERADO DEL ACTOR DIJO: Que en relación a la contestación formulada por la demandada la misma deberá de desatenderse en virtud de que carece de sustento legal y los hechos en que se basan son falsos, toda vez que el actor jamás presentó renuncia irrevocable alguna ante ninguna de las autoridades ni instancias del **********, la verdad de los hechos es como se ha dicho en el escrito inicial de demanda el actor fue despedido en forma injustificada y de acuerdo a como se establece en los hechos 2 y 3 del capítulo respectivo del escrito inicial lo cual será debidamente acreditado en el momento oportuno mediante los testigos que tuvieron conocimiento directo de tales hechos, por lo que se refiere a las excepciones y defensas que opone la demandada las mismas deberán desecharse en virtud de que carecen de sustento legal por estar fundadas en hechos falsos, toda vez que resulta evidente que el actor cuenta con la acción y derecho suficiente para reclamar las prestaciones que enumera en el capítulo correspondiente del escrito inicial, como consecuencia del despido injustificado del cual fue objeto, estando legitimado en forma sobrada para el reclamo y el seguimiento de la presente instancia, así también resulta improcedente la que se refiere en el punto 3 como improcedencia de lo reclamado por no tener fundamento legal para ello, ya que como se ha reiterado, el actor fue despedido injustificadamente de su centro de labores, teniendo como consecuencia procedibilidad la acción intentada en el presente juicio, en virtud de ser ésta la que consagra en su favor la Ley Federal del Trabajo para ser restituido en sus

derechos vulnerados, por lo que se refiere a la de obscuridad y defecto legal de la demanda, la misma resulta improcedente en virtud de que el escrito inicial de demanda reúne los requisitos que la ley señala a efecto de acreditar los extremos que la acción intentada preestablece, por último las que hace valer como derivadas de las tesis jurisprudenciales hechas valer en su escrito de contestación, las mismas resultan inaplicables en virtud de resultar falsos el hecho en que se sustentan toda vez que el trabajador jamás presentó renuncia irrevocable alguna ni ningún otro documento que el demandado pudiera ofrecer en el presente juicio que acredite el extremo de su defensa tal y como se demostrará en la presente secuela procedimental, mediante la pericial correspondiente, por lo que la acción reclamada en el escrito inicial de demanda es perfectamente fundada debiéndose desatender la última de las excepciones que ofrece mi contraparte en su escrito de contestación a la demanda. Por último solicito un término prudente para poder dar contestación a la reconvención instaurada en contra de la parte que represento a efecto de poder allegarme los medios preparatorios que validen la contestación que se llegue a plantear, solicitando se difiera la presente audiencia y se señale nueva fecha a efecto de dar contestación a dicha reconvención.--- EN USO DE LA PALABRA LA APODERADA DEL IMSS DIJO: Que en vía de réplica solicito se desechen las manifestaciones vertidas por el apoderado del actor por ser meras apreciaciones subjetivas y personales carentes de valor probatorio, por lo que en obvio de innecesarias repeticiones, en este acto me remito al escrito de contestación a la demanda, por lo que el hoy actor dirigió un oficio al titular del área de auditoria, quejas y responsabilidades de la Delegación Norte del D.F., en el cual presentaba su renuncia irrevocable con efectos a partir del 1ro de mayo de 2006, escrito de renuncia que fue aceptado al hoy actor el 27 de abril del mismo año, por lo que resulta falto de todo derecho que el hoy actor pretenda la reinstalación, así como las prestaciones que reclama en su escrito inicial de demanda, así como las modificaciones que en este acto ofrece, lo que se demostrará en su momento procesal oportuno para demostrar que no hubo despido injustificado alguno, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.” (Fojas 37 a 38 exp. lab.)

En escrito de quince de marzo de dos mil siete, el actor da contestación a la reconvención en los siguientes términos:

“a. La correlativa que se contesta resulta improcedente y carente de sustento legal, toda vez, que el suscrito jamás se le otorgó préstamo alguno bajo ningún concepto y mucho menos por la cantidad que refiere la prestación que se contesta, máxime si tomamos en consideración que la prestación en cita, es decir el préstamo de la caja de ahorro que refiere el reconvencionista es una prestación que para tener derecho a la misma el trabajador debe de tener por lo menos seis meses de antigüedad y solicitarla por escrito y con autorización por escrito del propio instituto, para que sea otorgada la misma,

conviniendo en la forma en que ha de ser pagada, lo que en la práctica jamás aconteció, toda vez que el suscrito únicamente cubrió tres meses de servicios para el reconvencionista.--- b. La correlativa que se contesta resulta improcedente y carente de sustento legal, toda vez, que el suscrito jamás se le otorgó dicha prestación bajo ningún concepto y mucho menos por la cantidad que refiere la misma que se contesta, máxime si tomamos en consideración que la prestación en cita, es decir por concepto de casa comercial (Comisión Paritaria) jamás me fue otorgada, siendo que esta es una prestación que para tener derecho a la misma el trabajador debe de tener por lo menos seis meses de antigüedad y solicitarla por escrito y con autorización por escrito del propio instituto, para que sea otorgada la misma, conviniendo en la forma en que ha de ser pagada, lo que en la práctica jamás aconteció, toda vez que el suscrito únicamente cubrió tres meses de servicios para el reconvencionista.--- c. La correlativa que se contesta resulta improcedente y carente de sustento legal, toda vez, que el suscrito jamás se le otorgó dicha prestación bajo ningún concepto y mucho menos por la cantidad que refiere la misma que se contesta, máxime si tomamos en consideración que la prestación en cita, es decir por concepto de vale de línea blanca jamás me fue otorgada, siendo que esta es una prestación que para tener derecho a la misma el trabajador debe de tener por lo menos seis meses de antigüedad y solicitarla por escrito y con autorización por escrito del propio instituto, para que sea otorgada la misma, conviniendo en la forma en que ha de ser pagada, lo que en la práctica jamás aconteció, toda vez que el suscrito únicamente cubrió tres meses de servicios para el reconvencionista.--- d. La correlativa que se contesta resulta improcedente y carente de sustento legal, toda vez, que el suscrito jamás se le otorgó dicha prestación bajo ningún concepto y mucho menos por la cantidad que refiere la misma que se contesta, máxime si

tomamos en consideración que la prestación en cita, es decir por concepto de ayuda para gastos de escrituración para crédito hipotecario jamás me fue otorgada, siendo que ésta es una prestación que para tener derecho a la misma el trabajador debe de tener por lo menos cinco años de antigüedad y solicitarla por escrito y con autorización por escrito del propio instituto, para que sea otorgada la misma, conviniendo en la forma en que ha de ser pagada, lo que en la práctica jamás aconteció, toda vez que el suscrito únicamente cubrió tres meses de servicios para el reconvencionista.” (Foja 52 y 53 exp. lab.)

TERCERO. Seguido el procedimiento en todos sus trámites, la Junta responsable, el cuatro de octubre de dos mil diez, dictó el laudo reclamado, que en sus puntos resolutivos establece:

“PRIMERO. La parte actora no probó los hechos constitutivos de su acción y el instituto demandado justificó sus excepciones y defensas.-- - SEGUNDO. Se absuelve al **********, de todas y cada una d las prestaciones reclamadas por **********, en los términos de la presente resolución.--- Notifíquese…”

Dicho laudo se apoyó en las siguientes consideraciones:

“II. Por lo anterior y en atención a lo expuesto por las partes en sus correspondientes escrito de demanda y contestación a la misma, la litis en el presente juicio consiste en establecer si existió o no el despido injustificado del que el actor dice fue objeto por parte del demandado y en consecuencia si son o no procedentes las acciones intentadas en su escrito inicial de demanda, o por el contrario si como lo manifiesta el demandado y debe ser parte del análisis de las constancias de autos y en especial del contenido del Aviso Rescisorio, tenemos que el demandado argumentó que tomó la determinación de rescindir la relación laboral, toda vez que en la Investigación Administrativa, en su acta. Demuestra que el despido fue justificado por haber incurrido el actor en las causales de rescisión de su contrato de trabajo que hace valer y que se plasma en el aviso de rescisión al actor, porque toda vez que en la investigación administrativa practicada de conformidad a

lo dispuesto por las cláusulas 55 y 55 bis del Contrato Colectivo de Trabajo, quedaron acreditadas cuatro faltas sin justificación; dicha situación que desde luego niega la actora en su integridad. La actora no reconoce que tuvo conocimiento de la existencia, de un escrito rescisorio por el cual el demandado tomó la determinación de rescindir su relación laboral, la litis se reduce a determinar si la actora incurrió o no en los hechos y causales que le ima el Instituto demandado en

el oficio rescisorio.--- III. Por tratarse de un requisito de procedibilidad nos avocamos al estudio orientado a determinar si el instituto demandado dio o no cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47 en su penúltimo párrafo con el sentido de haber entregado al actor el aviso de rescisión por la causal que se le ima, y al respecto debemos decir que el instituto demandado alega en su contestación a la queja que pretendió la entrega del aviso a la accionante y al no encontrarla porque, según dicen, se encontraba cerrado y que por no encontrar al actor, existe una imposibilidad material para notificar el aviso de rescisión a la enjuiciante, al no poder efectuarlo introducen el aviso rescisorio el 6 de julio de 2007, ante la junta, como consta en el instrumento a foja 129-132, del cual se desprenden que fue dentro de los 5 días que señala el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo;

ahora bien el **********; con las documentales a fojas de la 116-128, demuestra que cumplió con las formalidades de los artículos 1, 55 y 55 bis del Contrato Colectivo de Trabajo, es decir en citar al trabajador el 12 de junio de 2006, de levantar el acta administrativa el 20 de junio de 2006, de resolver la rescisión el 26 de junio de 2006, como procedente de pretender notificarle la rescisión y al no poder realizarlo, de dar aviso a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, documentos perfeccionados, por su parte el actor ofrece copias de su pago del 2000, del oficio donde se ordena su reinstalación definitiva el 01 de junio de 2006, del laudo del 7 de noviembre de 2004, que lo ordena, también ofrece una testimonial para acreditar que fue despedido, la cual se le declaró desierta por n