Este es un asunto complejo y con varias vertientes, a saber:
Las fianzas que se entregan a las Instituciones con las cuales se suscriben contratos de obra pública, no solamente garantizan la ejecución (o suspensión) de la misma, sino que también se prevén los defectos o vicios ocultos que resultasen en las obras y las fianzas por este concepto garantizan 12 meses posteriores a la entrega-recepción de las obras (Art. 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas) , en este sentido, si ya cuenta con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito (Art.98 fracción I, inciso b, del Reglamento de la Ley mencionada), en lo relativo a las obras ejecutadas en el 2009 y 2010, no podrá fincarse alguna responsabilidad jurídica (y recalco, en lo relativo a las obras), de las que se ejecutaron en 2011, dependerá de las fechas y de si ya cuenta con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito.
No obstante, que jurídicamente (y vuelvo a recalcar), en lo referente a la ejecución de las obras, no haya repercusión, seguramente si será sancionado, sanción que me permito especular, pudiera ser una inhabilitación como prestador de servicios del Gobierno Federal, por un periodo bastante considerable, o en el peor panorama, indefinidamente.
Ahora bien, la falsificación de documentos es un delito previsto en el Código Penal Federal y ese tema se lo cedo a mis colegas especialistas en esta área (no es mi especialidad y no es mi intención darle una orientación inapropiada).
Habría que ahondar un poco más en el tema, porque podrían desprenderse otras conductas que podrían involucrar a servidores públicos.
